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Cancún.- Un promedio de 160 colectivos indígenas, organizaciones civiles e integrantes de la academia, además de casi un centenar de personas en lo particular, se pronunciaron en contra del mega proyecto “Tren Maya” al considerar que, en su avance, “se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de derecho”, además de carecer de una evaluación integral que descarte impactos ambientales irreversibles a causa de la obra.
En un extenso documento dirigido a la opinión pública, critican también la “inoportuna” gira que realiza el presidente de la República, Andrés Manuel López , por Quintana Roo y Yucatán; mañana por Campeche, pasado por Chiapas y después por Tabasco, para dar el banderazo al inicio de las obras del proyecto “en medio del momento más crítico de la pandemia de la Covid-19 ”.
En su escrito citan el estudio elaborado por un grupo de 30 científicos convocados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cpnacyt) para determinar el impacto del Tren Maya en los territorios donde se planea su construcción.
Ese y otros estudios, establecen que el “Tren Maya” propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de 23 Áreas Naturales Protegidas en Quintana Roo, como Yum Balam, Manglares de Nichupté, Uaymil y las Reservas de la Biosfera de Sian Ka'an; y Calakmul, en Campeche, ambas patrimonio de la Humanidad, así como de siete Regiones Terrestres Prioritarias y de 11 Regiones Hidrológicas Prioritarias, “a tal grado que podría convertirlas en áreas biológicamente inhóspitas”.
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Ausencia de evaluación ambiental
La carencia de una evaluación ambiental integral del proyecto impide conocer el impacto que tendrán, no sólo las vías férreas y la operación del Tren sobre el suelo kárstico (poroso y permeable) de la Península de Yucatán, sino de las nuevas ciudades o polos de desarrollo que forman parte del megaproyecto.
“No existe una evaluación de impacto ambiental del proyecto en su totalidad, ni de ningún centro urbano que se propone, así como tampoco hay estudios realizados ni información sobre cuál sería el impacto acumulativo del Tren Maya en toda el área de afectación”, indican.
La ausencia de esa evaluación violenta el marco jurídico nacional e internacional, que obliga, en este caso al Fonatur, a someter el megaproyecto a evaluación ambiental.
El Fondo “se escuda en que por el momento no se construirán nuevas vías; sin embargo esto es sólo parcialmente cierto puesto que las vías serán ampliadas en toda su extensión y se construirán y habilitarán carriles para un tren nuevo para el cual se requieren nuevos sistemas de durmientes y de rieles”.
Otro aspecto mencionado son los riesgos para la identidad cultural y posible mercantilización de la propia cultura indígena; la violación al derecho a la tierra y los mecanismos de financiamiento que no favorecen a los propietarios de las parcelas en los polos de desarrollo, así como la sobre-densificación del corredor turístico Cancún-Tulum, que actualmente ya es un problema.
“El proyecto Tren Maya traza una ruta de infraestructura no sólo ferroviaria sino de desarrollos turísticos, habitacionales y de traslado, almacenamiento y comercio de mercancías de tipo diverso, situación que supone un profundo reordenamiento territorial en los cinco estados afectados por el proyecto”.
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El desacato
Las organizaciones civiles, colectivos indígenas y académicos exponen que, si bien la obra ha sido promovida como un detonante para el desarrollo del sureste y un potenciador del turismo y y la economía de la región, los trabajos inician “forzadamente” violentando procedimientos judiciales, aprovechando “la disminuida actividad” del Poder Judicial Federal, debido a la emergencia sanitaria.
Como ejemplo citan diversos amparos en los que jueces federales han ordenado la suspensión de muchas de las actividades del proyecto y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha ordenado como medida cautelar, la suspensión de actividades no esenciales del proyecto.
Hasta el momento y, pese a la dificultad que históricamente han tenido para acceder a la justicia, miembros de comunidades indígenas han logrado tres suspensiones, una en Calakmul, Campeche, otra en Palenque, Chiapas y una más en Campeche, así como la emisión de medidas cautelares por parte de la CNDH.
También mencionan las negativas de los juzgados federales en Campeche y Yucatán para recibir las demandas de amparo del proyecto.
“La visita del Señor Presidente atentaría contra el orden Constitucional. El objetivo de su visita desdeña y desacata órdenes judiciales y del Ombudsperson afectando el delicado balance y el equilibrio del ejercicio de poder en nuestro país.
“Es preocupante el ambiente que se cimbra en la conciencia nacional por las faltas de independencia judicial y de garantía de acceso a la justicia en el contexto de este proyecto”, se indica.
A causa de la pandemia, han sido canceladas las reuniones informativas y mesas de discusión; aunque afecta directamente a comunidades indígenas en cuatro de las cinco entidades por donde cruza la ruta, la participación de los pueblos originarios y de otros sectores de la sociedad en el diseño y planeación del proyecto, es limitada o inexistente.
“Las reuniones realizadas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no pueden ser consideradas como un proceso de Consulta Indígena, en principio porque se efectuaron a través de instancias no representativas de las comunidades y pueblos.
“En segundo porque no se cumplió con los estándares mínimos del derecho a la consulta, establecido en el Convenio 169 de la OIT, situación que incluso fue señalada por la Oficina para México del Alto Comisionado de Naciones Unidas”, señalan.
Del discurso sobre el Tren Maya, enfatizan que se centra en los pretendidos beneficios del ferrocarril, pero se omite precisar la ubicación y número de los nuevos polos de desarrollo o centros de población que serán creados; tampoco se explica el funcionamiento de los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAs), componentes neurálgicos del megaproyecto.
“Decidir el futuro de las comunidades y pueblos indígenas unilateralmente, afirmando que serán los principales beneficiados de un proyecto que desconocen y en el cual su papel principal será el de la mano de obra barata, significa reproducir la discriminación sistémica que ha impulsado por años el Estado mexicano y que les ha negado a esos pueblos ser los dueños de su propio destino y futuro.
“Según los mismos informes del gobierno federal, los miles de empleos que supuestamente se crearían, muy probablemente serían empleos precarios, mal pagados, temporales y sin garantías de seguridad social para las y los trabajadores, es decir que tampoco contribuiría al desarrollo regional, como se ha dado en otros proyectos impulsados por el Fonatur”, se alerta.
Para las y los firmantes, estas afectaciones -en un contexto de alta conflictividad socio-ambiental vigente caracterizado por el despojo de bienes comunes de territorios campesinos e indígenas- conllevan a su vez al deterioro de sistemas ambientales.
“La infraestructura ferroviaria y los llamados polos de desarrollo significarán también, irremediablemente, especulación y privatización de tierras ejidales”, exponen.
Adicionalmente se manifiesta que el Tren Maya genera “graves riesgos al patrimonio histórico y cultural, todos bienes nacionales, particularmente de la península”, ya que en los alrededores de la ruta, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene registro de siete mil 274 sitios arqueológicos.
De esa cantidad, mil 288 se encuentran a distancias no mayores a 10 kilómetros de la vía férrea, de manera que tendrían una afectación directa, según el citado estudio encargado por el CONACYT.
En el mismo se afirma que "atendiendo a los cálculos de pasajeros y carga del tren, podrían implicar la destrucción irrecuperable de posibles vestigios culturales, daño físico, adulteración o uso turístico excesivo".
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