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Culiacán, Sin. El Congreso del Estado aprobó por unanimidad imponer penas de tres a seis años de prisión y una sanción económica de quinientos a mil días de multa a quien a través de la Inteligencia Artificial manipule imágenes, audios y videos para crear hechos falsos con apariencia real que afecte la intimidad sexual de terceras personas.
Las reformas propuestas consisten en adicionar al Artículo 185 Bis C, del Código Penal del Estado, los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los subsecuentes.
Durante la sesión de la actual legislatura, se dio lectura al primer párrafo que se adiciona, cuyo texto es el siguiente:
Se impondrán las mismas penas previstas en el segundo párrafo del presente artículo, a quien haciendo uso de la Inteligencia Artificial, manipule imágenes, audios o videos de contenido sexual de una persona para crear hechos falsos con apariencia real, con el propósito de exponer, distribuir, difundir, exhibir o reproducir.
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Así, como trasmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y/o compartir a través de material impreso, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico, sin su consentimiento expreso, voluntario, genuino y deseado.
En el segundo párrafo que se adiciona establece que para los efectos del párrafo, se entenderá por Inteligencia Artificial las aplicaciones, programas o tecnología que analice fotografías, audios o videos y ofrezca ajustes automáticos para hacer alteraciones o modificaciones.
La diputada Cinthia Langarica Langarica, del grupo parlamentario plural y autora de la iniciativa de reforma al Código Penal dijo que su propuesta no es para detener el uso y avance de la tecnología, sino todo lo contrario, propone mejorar y darle un buen uso.
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Consideró que la libertad total en el uso de la tecnología pone en riesgo la intimidad sexual y usurpa identidades de personas para fines que no son éticos, de acuerdo a las normas sociales de una sociedad que hoy convive con este tipo de avances.
Subrayó que la propuesta, es fijar medidas concretas que regulen el manejo de datos relacionados con la intimidad sexual, garantizando la transparencia, el consentimiento y la seguridad de la información.
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