Al aprobar la nueva Ley de Revocación de Mandato , el Congreso de Colima , de mayoría morenista, decidió proteger a la actual gobernadora, Indira Vizcaíno, y esta figura no aplicará durante la presente administración, sino hasta 2027.
Además, el mecanismo para nombrar al o la nueva gobernadora en caso de revocación de mandato permite que el partido político en el poder lo conserve, ya que se establece que el Congreso tendrá 30 días para elegir al o la sustituta de una terna propuesta por el grupo parlamentario del partido político al que pertenezca la persona cuyo mandato fue revocado.
Aunque desde mayo de 2019 se instauró la Revocación de Mandato en Colima, no existía una ley reglamentaria para poder echarla a andar; así al emitir la nueva ley, la comisión que la dictaminó concluyó que ésta “no puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de quien haya accedido al cargo del titular del Poder Ejecutivo”.
De acuerdo a la nueva ley, “el inicio del proceso de revocación de mandato solamente procederá a petición de las personas ciudadanas en un número equivalente, al menos, al 10% de las inscritas en la lista nominal de electores en el estado de Colima, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos seis Municipios de la Entidad y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellos, pero, debiendo en su conjunto representar cuando menos el diez por ciento del listado estatal de referencia”.
Además el proceso de revocación de mandato podrá solicitarse por una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado.
En esta nueva ley también se establece que el Instituto Electoral del Estado revisará los contenidos de los medios de comunicación para “garantizar la equidad en los espacios informativos, de opinión pública y/o de difusión asignados a la discusión de la revocación de mandato”.
Durante la discusión del dictamen, las bancadas de PRI y PAN consideraron que la nueva ley es inconstitucional por excluir la posibilidad de revocar el mandato a la actual gobernadora.
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