Chihuahua.- Durante este jueves se realizó una reunión entre los diversos niveles de gobierno y comunidad jesuita para llevar a cabo la Mesa de Implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 22 de enero de 2023 a raíz del crimen ocurrido en Cerocahiu, Chihuahua , en junio del 2022.
La reunión se llevó a cabo este día en el Palacio de Gobierno en Chihuahua, donde estuvo presente autoridades de la Provincia, así como del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (COSYDDHAC).
De acuerdo con lo que se informó, los beneficiarios de las medidas cautelares son tres religiosas y nueve sacerdotes, quienes hasta el momento se encuentran en una situación de riesgo de daño irreparable, grave y urgente, derivado de sus actividades en la comunidad y de la exigencia de justicia por los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, junto al guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza, ocurridos en la parroquia San Francisco Javier en el poblado de Cerocahui, municipio de Urique en Chihuahua.
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Durante las mesas instaladas este día, se concretó primero un esquema de coordinación para la implementación de las medidas dispuestas por la CIDH.
Además, el espacio sirvió para la reivindicación de la labor de defensa de los derechos humanos que realizan en la región las y los beneficiarios, ya que las autoridades reconocieron sus legítimas exigencias de justicia, seguridad y paz, y admitieron que tienen como objetivo generar acciones urgentes y estratégicas para que hechos tan dolorosos como éste no vuelvan a ocurrir.
En el evento estuvo presente la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien destacó los acuerdos asumidos de manera coordinada con el gobierno federal y las personas beneficiarias, para la implementación y seguimiento de las medidas cautelares.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en representación del gobierno federal, reconoció la labor de derechos humanos que ha llevado a cabo la comunidad jesuita en la región y ratificó el compromiso para implementar de manera coordinada las medidas para que esta labor pueda continuar.
En un boletín de prensa, la comunidad jesuita informó que como parte de las personas beneficiarias, el padre Esteban Cornejo, SJ. enfatizó que la labor que realizan en la Sierra se ha visto trastocada por los terribles asesinatos de sus hermanos, lo que ha tenido un impacto a nivel comunitario, por lo que señalaron la importancia que tiene para la comunidad religiosa contar con protección a nivel internacional.
Mientras que el representante de la Provincia, P. Jorge Atilano, SJ. pidió a las autoridades cumplir cabalmente con la implementación, de igual forma, recalcó que la Sierra Tarahumara aún demanda acciones conjuntas y coordinadas que conduzcan hacia la construcción de paz, la justicia, dignidad, derechos humanos y reconstrucción del tejido social.
Además, de manos del P. Esteban Cornejo entregó por parte de las y los beneficiarios a la gobernadora la cruz del padre Javier Campos “El Gallo”, como símbolo del compromiso y de memoria.
Por último, Provincia en México y las organizaciones que los acompañan hicieron un llamado para que los compromisos alcanzados sean implementados de manera coordinada y en diálogo respetuoso con las personas beneficiarias, así como a que los responsables de los asesinatos de los sacerdotes Mora y Campos sean llevados ante la justicia, y se garantice la no repetición.
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afcl