Culiacán, Sin.-Las autoridades de la mina San Rafael , en la que se extrae Plomo, Plata y Zinc, en el municipio de Cosala , paralizada desde hace más ocho meses por conflictos entre sindicatos, con una pérdida de 20 millones de dólares, se dolieron de la lentitud con que avanzan las investigaciones en Sinaloa por los delitos de despojo agravado y robo .
Expusieron que se han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General del Estado por lo que constituyen los delitos de despojo agravado, ataques a las vía de comunicación y medio de transporte, y robo, en contra de Yasser Beltrán Kurioca y ocho personas más vinculados al sindicato nacional minero que preside Napoleón Gómez Urrutia .
A través de un comunicado la empresa minera, propiedad de America Gold And Silver, dio a conocer que este jueves 17 de septiembre se inició un recuento de votación de 327 trabajadores cuyo contrato colectivo se tiene firmado con Javier Villareal Gómez, electo en agosto de 2019 como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera.
Se precisó que en esta nueva elección sindical, Villareal Gómez no participa por no existir condiciones de seguridad, por lo que compiten por la representación sindical, Beltrán Kurioca y Carlos Pavón, personas afines al líder nacional minero, Gómez Urrutia, lo que la empresa no valida, puesto que ambos se encuentran denunciados.
En el comunicado se detalla que en enero pasado, Yasser Beltran, protegido de Napoleón Gómez Urrutia, encabezó tomó y bloqueó ilegalmente las instalaciones, por lo que el cierre de los trabajos de la mina, ubicada en la comunidad de Higuera Larga, en Cosala ha dejado una pérdida por más de 20 millones de dólares.
Se hace ver que no existe una huelga, como se ha pretendido aparentar, sino de un intento ilegal de un grupo que busca apoderarse del contrato colectivo de trabajo y asumir el control de las decisiones estratégicas de la mina.
Acusaron que la Fiscalía General del Estado no ha atendido las denuncias interpuestas por la configuración de varios delitos, lo que afecta la propiedad privada y el estado de derecho de la empresa que explota minerales.
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