Oaxaca de Juárez.– A Alma la afirmación le da tristeza. Con incredulidad, se cuestiona cómo desde el poder se puede intentar manchar algo que comenzó de forma desinteresada y sin cobrar un solo peso. Lo único que la mueve, asegura, es su amor de madre, el mismo que la llevaría, si pudiera, a darle a su hijo una de las dosis de la vacuna contra el Covid-19 que le corresponden a ella.
Alma Franco Vargas, de 48 años, es una abogada litigante y madre de familia que ante el miedo que tiene de que su hijo se contagie del virus que golpea al mundo, y la incertidumbre de cómo reaccionará su organismo, decidió comenzar a investigar e interponer un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Oaxaca, para exigir por la vía legal que a su hijo Maximiliano le sea aplicada la vacuna de Pfizer.
“No veo las mañaneras, pero qué tristeza que quiera manchar algo que estoy haciendo de forma pura. A mí me pueden investigar, nunca he cobrado ni por una copia, ni un solo peso. ¿Por qué lo ensucia el Presidente diciendo que hay alguien atrás?”, cuestiona Alma.
Lo anterior lo dice en alusión a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este viernes acusó en su conferencia diaria que existe una campaña de “acciones concertadas” para promover amparos para que menores de edad sean vacunados.
Como respuesta a lo que insinuó el Presidente, respecto a que podrían ser farmacéuticas u otros actores con intereses económicos los que promueven los amparos, que según el gobierno federal se concentran en cuatro entidades: Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Veracruz, Alma sostiene que a ella lo único que la mueve es su amor de madre.
Fue ese mismo sentimiento, asegura, el que la llevó a interponer el primer amparo en Oaxaca y a liberar el formato que ella interpuso el 3 de agosto pasado, para que los padres de familia que lo quisieran usar pudieran comenzar la misma batalla legal que ella mantiene. Así comenzó la avalancha.
Alma explica que los números que dio a conocer el gobierno federal respecto de que en Oaxaca suman 27 amparos, se quedan muy cortos, pues solamente ella acompaña a más de 60 padres de familia que buscan que sus hijos accedan a la vacuna, entre ellos cuatro casos de niños con comorbilidades que los hacen más vulnerables.
Frenan avance
A un mes de interponer el amparo, y pese a que tres días después el juez le concedió la suspensión de plano, que se otorga de inmediato en hechos que por su naturaleza pueden poner en riesgo la salud y la vida, a Maximiliano, el hijo de 12 años de Alma, aún no le han puesto la vacuna contra el coronavirus, pese a que el fallo ordenaba que se le aplicara en 24 horas.
“Yo pensé que la ejecución iba a ser rápida, máximo cinco días. Es una ejecutoria del Poder Judicial federal”, narra en entrevista con EL UNIVERSAL.
La abogada explica que ello se debe a que las propias autoridades federales han intentado obstaculizar su batalla, pues en un inicio tanto Nancy Ortiz Cabrera, la delegada en Oaxaca de los Programas de Bienestar, como Raúl Peña Viveros, el coordinador general de la Brigada Correcaminos, e incluso Jorge Alcocer, el propio secretario de Salud federal, interpusieron una queja contra la orden del juez de vacunar a Maxi, como una forma de impugnarla. Lo mismo hicieron en 16 de los casos que Alma lleva.
Tras ser desechada la queja, Maxi siguió el proceso para poder acceder a la vacuna, así que hace cinco días fue valorado por especialistas del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, que es descentralizado; sin embargo, madre e hijo se encontraron con un nuevo obstáculo.
Aunque el personal dictaminó que Maximiliano es un niño sano, según la propia valoración médica, la respuesta fue que según la política de vacunación del gobierno federal, y las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de Vacunas (GTAV) “ninguna de las vacunas que actualmente cuentan con autorización de uso de emergencia a nivel mundial tiene autorizada su aplicación en menores de edad”, según el oficio HNO/DG/DAJ/OF 1194/2021, firmado por Roberto Sandoval, director del hospital.
Ante la negativa, Alma volvió a recurrir al juez y notificó que desde el pasado 24 de junio, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó la vacuna Pfizer a partir de los 12 años; mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) también avaló su uso, como lo muestra una guía publicada en su sitio web.
Alma dice que sólo espera la notificación con la cual se le informe el lugar y fecha para que se le aplique la dosis a Maxi; además, detalla que otras tres niñas también ya han sido citadas para valoración médica, dos de ellas padecen comorbilidades. De no cumplirse la orden del juez, dice, lo siguiente es comenzar con carpetas penales.
La familia de Maxi detalla que hasta ahora la orden del juez, que involucra tanto a la delegada de Bienestar en Oaxaca como a las autoridades sanitarias, no se ha cumplido. Por el contrario, las autoridades federales han hecho todo por impedir que el niño de 12 años sea vacunado. Alma no entiende, por ejemplo, que en el hospital hayan dado un dictamen tan atrasado para impedir la vacuna de un niño sano, cuando ella que no es médico está más al tanto de las disposiciones de salud.
“Detrás de mí lo único que hay es mi amor de madre. No quiero que se muera mi hijo, que se enferme de gravedad. No sé cómo va a responder su sistema inmunológico si se contagia. No imagino que tenga que enfrentarlo solito si se agrava. Eso es lo que me mueve, detrás de mí sólo está mi amor de madre”; repite.
Inicialmente, la idea de presentar el amparo es que Maxi pudiera regresar a clases presenciales protegido, pues la familia narra que ya habían decidido que sí o sí era necesario que retomara la interacción con niños de su edad, pues en todo este tiempo sólo ha convivido con sus padres y un hermano pequeño, lo que afecta a su desarrollo integral.
Fue también con esa idea que decidió liberar el formato del amparo, y desde entonces dice que le han escrito cientos de personas de todo el país, para agradecerle e informarle que han comenzado su propia batalla. En Oaxaca, narra los juzgados 11, 4, 2 y 8 otorgan la suspensión de plano, mientras que el 10 las niega.
El miedo de Alma y los otros padres de familia no es infundado, pues según datos dados a conocer por Juan Carlos Márquez Heine, titular de los Servicios de Salud (SSO) y secretario de Salud de Oaxaca, en lo que va de la emergencia sanitaria al menos 30 menores de edad han fallecido a consecuencia del virus; mientras que hasta el pasado 30 de agosto otros 50 estaban hospitalizados. Según el funcionario, la mayoría de las muertes se asocian con padecimientos previos.
La importancia de que niños de la edad de Maxi cuenten la vacuna, sobre todo tras el regreso a clases semi presenciales, se debe a que según Yuko Nakamura, jefa de la Unidad de Epidemiología de los Servicios de Salud, en este tercera oleada de la pandemia en Oaxaca se han registrado mayores números de casos activos, “pero no tenemos casos tan graves y no hemos llegado a los números de defunciones en las oleadas anteriores”.
La especialista atribuye este comportamiento precisamente al avance de la vacunación antiCovid-19, y aunque asegura que muchas veces los niños son los que más siguen las medidas, advierte que “este virus llego para quedarse y la posibilidad que todos se contagien es alta”.
Por ello insiste que mientras a los menores de edad no se les aplique la vacuna, la única forma de acortar las cadenas de transmisión es siguiendo las medidas de prevención, cómo la sana distancia y el usos de cubrebocas.
De acuerdo con el gobierno federal, hasta el pasado viernes sumaban 250 los amparos interpuestos en 19 estados del país, incluido Oaxaca.
EL UNIVERSAL buscó a las autoridades de Bienestar para buscar su postura al respecto, pero no hubo respuesta.
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