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Cinco grandes municipios veracruzanos, gobernados por Morena, concentraron un presunto daño patrimonial de más de 43 millones de pesos durante el ejercicio fiscal del 2022, según los resultados de las auditorías del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
En el informe de resultados entregado por el Orfis al Congreso del Estado, se reportó que el Ayuntamiento con el mayor número de daño patrimonial fue Poza Rica, cuyo alcalde morenista es Fernando Remes Garza.
Se detectaron presuntos desvíos de recursos del orden de los 24 millones de pesos por deuda pública, obligaciones, disciplina financiera y por no presentar información de una auditoria solicitada el pasado marzo, correspondiente a estados bancarios Deutsche Bank-Banco Afirme.
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Otra parte de presunto daño al erario se ubicó en obligaciones fiscales por seguridad social ante el IMSS y, digitalización de archivos por 4 millones, así como por el finiquito de adquisición de uniformes personal sindicalizado por 2 millones 619 mil pesos.
El Ayuntamiento de Minatitlán, gobernado por la morenista Carmen Medel Palma, registró un presunto daño patrimonial por 6 millones 950 mil 76 pesos.
La mayoría se concentró en financiamiento presupuestal por el orden de 6 millones y, también por dos obras públicas de 272 mil 929 pesos. En el daño presupuestal destacaron por concepto de anticipos de obra pública que no fueron recuperados por un millón 667; por montos pendientes de pagar al Instituto de Pensiones del estado (IPE) de un millón 339 mil pesos.
Y, por no presentar evidencia de los trabajos realizados de cursos de capacitación, consultorías y equipo conformado por entrega-recepción, por un monto de 2 millones; además de la transferencia de 644 mil por servicios profesionales sin evidencias.
El Ayuntamiento de Tuxpan, que preside el también morenista José Manuel Pozos Castro, registró un presunto daño patrimonial por 5 millones 852 mil pesos.
Las irregularidades se concentraron en deuda pública por 5 millones 588 mil pesos, derivado del no pago a la empresa NL Technologies, S.A. de C.V. por su ministro de energía eléctrica y concesión del alumbrado público, compañía con la cual el Gobierno estatal y municipios emprendieron una acción legal para darla de baja.
El Ayuntamiento de Papantla, encabezado por el morenista Eric Domínguez Vázquez, tuvo un presunto daño patrimonial por 2 millones 652 mil pesos, y la mayor parte de ubicó en obra pública.
El daño más alto fue de un millón 698 mil pesos por la rehabilitación del camino saca cosechas Ignacio Allende-La Reforma; seguido por obra sin terminar de la red de agua entubada para una colonia, por 657 mil 884 pesos.
El Ayuntamiento de Coatzacoalcos, gobernador por el morenista Amado Cruz Malpica, tuvo un presunto daño patrimonial de un millón 927 mil pesos, por dos obras públicas.
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La primera por 956 mil 887 pesos, correspondiente a la elaboración de proyectos ejecutivo (estudios topográficos, proyecto vial, pavimentación, agua potable y alcantarillado sanitario, drenajes, y otros) de las colonias Santa Isabel y Teresa Morales.
Además de dicho daño, el Ayuntamiento debe aclarar 288 mil 740 pesos por servicios devengados no ejecutados, que una vez materializado el pago, formará parte del presunto daño patrimonial.
La otra obra es por el proyecto ejecutivo de un puente de la avenida Marina Nacional por 970 mil 409 pesos; además de otro monto sujeto a aclarar por 380 mil 561 pesos.
En tanto, el municipio de Xalapa, la capital gobernada por el morenista externo y empresario, Ricardo Ahued Bardahuil, reportó un presunto daño patrimonial de un millón 544 mil pesos, el cual se concentró principalmente en obra pública.
Estas fueron por la obra de rehabilitación de pavimento hidráulicos y banquetas de una calle en el centro de la ciudad por 377 mil 410 pesos; por rehabilitación de pavimento hidráulico, asfáltico y mantenimiento de tragatormentas de varias colonias por 921 mil 494 pesos.
Y, las más onerosa fue por construcción de pavimento de una de las avenidas del fraccionamiento de alta plusvalía, Las Animas, de la avenida Paseo de las Palmas, por 110 mil 347 pesos.
Finalmente, las observaciones más recurrentes a los municipios fueron observaciones que denotaron una deficiencia administrativa por error, omisión o negligencia, pero no causantes de perjuicios a la Hacienda Pública.
Así como recomendaciones de carácter preventivo, orientadas a mejorar los sistemas de control y apoyo a la gestión financiera.
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