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Culiacán, Sin.- En su comparecencia ante el Congreso del Estado, la Auditora Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera fue cuestionada por los raquíticos salarios que se cubre a los auditores, los cuales van de 11 mil 147 pesos mensuales, a 22 mil 631 , cuando hay funcionarios que perciben hasta 64 mil 803 pesos .
Previo al inicio de la sesión extraordinaria de la LXIII Legislatura , celebrada en el salón Constituyentes del Poder Legislativo, miembros de la agrupación Consejo de la Unidad Ciudadana de Sinaloa, desplegó una enorme manta, en la que la tildaron de maquillar las cuentas públicas.
En su informe rendido, ante los diputados locales, Félix Rivera precisó que hasta el momento esta imposibilitada a emitir conclusiones de las revisiones de las cuentas públicas de los tres poderes y entes obligados, relativas al ejercicio fiscal del 2017, puesto que aun no se agotan todas las epatas de las revisiones.
Durante su exposición, dio a conocer que solicitó a la Auditoria Superior de la Federación que evalué su desempeño, por lo que estimó que será el próximo mes de junio del 2020, cuando se emita los resultados de dicha revisión.
En el desarrollo de su comparecencia, surgió desacuerdos entre los coordinadores parlamentarios por el desarrollo del orden del día, por lo que la presidenta de la mesa directiva, diputada Gloria Himelda Félix Niebla, decretó un receso de cinco minutos, el cual se alargo a más de diez minutos.
Con la propuesta del coordinador del grupo parlamentario del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez de que se cambiara el orden del día, para que tuvieran, primero su intervención los miembros de la Comisión de Fiscalización y al final, la auditoria respondiera a las preguntas, la cual se aprobó por mayoría, se reanudo la sesión extraordinaria.
El diputado Marco Cesar Almaran Rodríguez, a nombre de la bancada del Partido del Trabajo, le recriminó que pese al trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Auditoria Superior del Estado, ningún funcionario o exfuncionario de peso está en la cárcel.
Apuntó que el criterio de la Fiscalía General del Estado es que las denuncias que se han interpuesto contra exfuncionarios o funcionarios, por presuntos actos de corrupción, están mal sustentadas.
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