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El actual auditor general de Veracruz, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, supo desde 2014 de irregularidades en el manejo de recursos públicos federales por 4 mil millones de pesos e incluso firmó documentos oficiales en los cuales se comprometía a dar seguimiento al reintegro del dinero.
El 7 de marzo de 2014, el titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) signó una minuta —cuya copia posee EL UNIVERSAL— en la cual se comprometió con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a darle seguimiento al reintegro de recursos de siete fondos y programas federales. Sin embargo, el dinero no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación, por lo que la Auditoría presentó una denuncia ante la PGR, en la averiguación previa AP/PGR/VER/VER/AEIDCSP/916/2016.
Portilla Vázquez fue designado por el Congreso del estado como auditor general el 27 de septiembre de 2012 por un periodo de siete años, por lo que su gestión concluirá en 2019.
De acuerdo con información del Orfis, fue hasta 2016 —cuando el PRI perdió las elecciones frente al panista Miguel Ángel Yunes Linares— que el auditor general comenzó a presentar la mayoría de denuncias penales por irregularidades detectadas en Cuentas Públicas atrasadas del gobierno de Javier Duarte, incluso aprobadas por el Congreso.
Inadvertencia. Los auditores de la ASF detectaron que el gobierno de Veracruz en cuatro ejercicios fiscales no ejerció recursos federales por 4 mil 770 millones de pesos, por lo cual —según las reglas de operación— deberían ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Se trató de dinero del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF), y del Seguro Popular.
Ante ello, funcionarios estatales y de la ASF sostuvieron diversos encuentros durante 2014 y fue hasta marzo de ese año cuando tres servidores públicos veracruzanos se comprometieron a darle seguimiento al reintegro de esos recursos federales, uno de ellos fue Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.
Los otros fueron el entonces contralor general del estado, Mauricio Audirac Murillo, preso por presuntos desvíos de recursos, y el entonces secretario de Finanzas, Fernando Charleston, quien renunció por desorden financiero imperante. Sin embargo, el dinero no lo reintegraron a las arcas federales y entonces la ASF presentó una querella en la PGR.
