Mérida.— La Contraloría General del estado reveló que contrataron despachos contables externos, a fin de verificar los recursos y propiedades de Yucatán recibidos de la anterior administración y confirmar que todo lo entregado corresponde legítimamente al patrimonio de la entidad.
La contralora estatal, Lizbeth Basto Avilés, aseguró a EL UNIVERSAL que la instrucción del gobernador Mauricio Vila Dosal es que no existan “concesiones o blindaje político” contra quienes cometieron excesos, abusos o presuntos desvíos de recursos, al realizar sus funciones dentro del servicio público.
Aseguró que en los casos que se logre confirmar y comprobar las faltas de recursos o bienes del Ejecutivo estatal, se procederá a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Además comentó que, en una revisión, encontraron que la Contraloría estatal no procedió legalmente en contra de servidores públicos o dependencias del gobierno local en 216 casos pendientes y que provienen de los sexenios 2007-2012 y 2012-2018.
Debido al tiempo transcurrido, el actual gobierno no podrá hacer nada porque ya se pasó el límite que por ley se establece para proceder penal y legalmente.
En relación a la recepción de las oficinas o dependencias, que forman parte del gobierno del Estado y que recibieron de la administración del priísta Rolando Zapata Bello, comentó que la próxima semana una serie de despachos externos iniciarán auditorías, para determinar casos en los que proceda investigar más a fondo.
Basto Avilés manifestó que la Contraloría está colaborando con las diferentes dependencias estatales, pero al final ellos tendrían que proceder, si es que se encuentran casos de posible corrupción.
En ese aspecto, la misma dependencia a su cargo no tiene facultades para castigar e imponer sanciones, excepto en los casos de declaración patrimonial de los servidores públicos.
Basto Avilés advirtió que no habrá “blindaje político” ni concesiones de ningún tipo para los casos de ex funcionarios que hayan incurrido en irregularidades, faltas o presuntos malos manejos de recursos y programas públicos.