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El lodo es la alfombra áspera y pegajosa sobre la que caminan los pies descalzos y maltratados de los niños; la zanja de riego agrícola ubicada en la orilla del campamento es su alberca, sus regaderas y el lavadero para sus madres. Son cerca de 150 niños jornaleros en los campos de Coahuayana condenados a vivir entre la miseria, pues sus padres se oponen a recibir ayuda de los gobiernos estatal y municipal.
A 10 kilómetros de la cabecera municipal de Coahuayana, cerca de 300 campesinos migrantes establecieron un campamento construido de madera vieja y láminas de cartón, de éstos 148 son niños que trabajan en los campos de este municipio y al menos 90 son indígenas del estado de Guerrero, de acuerdo con documentos en poder de EL UNIVERSAL.
Del resto de menores, 26 pertenecen a familias migrantes de Colima, siete de Chiapas, cinco de Tabasco, cuatro de Jalisco, una de Zacatecas y 15 de otros municipios de Michoacán.
Los jornales para niños y adultos inician a las 8:00 y terminan a las 17:00 horas. Según los propios migrantes, el municipio de Coahuayana es uno de los más seguros del país y donde mejor les pagan (200 pesos al día por campesino).
Pese a que las mujeres —de acuerdo con sus usos y costumbres— no deben emitir opiniones ni platicar con extraños sin la autorización del líder de la comunidad, Margarita accede a una breve charla. Ella es madre de dos hijos y espera un tercero. Su embarazo no le impide internarse en los surcos del campo, techado en su mayoría por altas temperaturas, al estar ubicado en la Sierra-Costa michoacana, colindante con Colima.
Mago apenas habla el castellano: su lengua natal es el mixteco; sin embargo, describe en frases cortas que el trabajo es muy duro, pero es lo único que saben hacer. Llegó muy chica a los cultivos y desde hace 10 años no va a su tierra, Tlapa, municipio ubicado en La Montaña del estado de Guerrero y a casi 897 kilómetros de Coahuayana.
Señala que ni ella ni sus familiares piensan en cambiar de actividad laboral, porque es lo que han hecho por varias generaciones y en Coahuayana es donde mejor les pagan de los campos que han recorrido del país. Cuenta que para ganar 200 pesos debe cumplir con un horario de ocho horas. Tiene una para comer. Se lleva a la siembra o cosecha a sus dos hijos, para trabajar. La tímida mujer de estatura baja y tez morena pertenece a una de las colonias de migrantes que llegan a Coahuayana. En enero y en mayo se trasladan a Jalisco.
Dos décadas recibiendo migrantes
Alma Delia Valencia Cisneros, regidora de asuntos indígenas y migratorios del ayuntamiento de Coahuayana, explica que el fenómeno de la migración a los campos de chile en esta zona tiene cerca de dos décadas. Durante un recorrido por el campamento refiere que este fenómeno va en aumento desde hace 15 años, cuando se disparó la llegada de familias en extrema pobreza.
Valencia Cisneros confirma que el pago de hasta el triple de lo que pueden ganar en su tierra natal es lo que ha hecho que cada vez más migrantes lleguen a buscar trabajo en Coahuayana.
Precisa que estas comunidades de migrantes hacen por completo el trabajo en los chilares, por lo que toda la familia se involucra desde la siembra de la planta, la limpieza del terreno, el riego, el cuidado y la cosecha. “Los padres de familia se ven obligados a cargar con sus hijos, porque no tienen con quién dejarlos en sus lugares de origen y trabaja toda la familia, entonces, matan dos pájaros de una piedra”.
Al caminar entre el campamento se evidencian las condiciones insalubres y la extrema pobreza, se perciben más envases de cerveza y de refrescos que de comida. Los niños, la mayoría con ropa en malas condiciones o desnudos, no asisten a la escuela. Los patriarcas de las colonias de inmigrantes se oponen a recibir más ayuda para mejorar las condiciones de vida de sus seres queridos, por un tema arraigado de su cultura que los hace ser muy desconfiados.
Alma Delia Valencia señala que han insistido para que en medida de lo posible estas familias mejoren sus condiciones de vida. “Uno ve los medios, platica con el líder y ya a ellos les cambia todo, porque sí son desconfiados”, refiere.
Dice que con todo ello ha sido un gran reto, ya que si los padres de familia no se responsabilizan de ver que un hijo está enfermo o necesita de alguna otra asistencia, porque se enfocan a su trabajo, esa es y será la que le corresponde al ayuntamiento. La funcionaria destaca que como autoridades municipales han implementado medidas de atención en materia de salud, alimentación y educación.
Entrevistada en su oficina, la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Coahuayana, María Danelia Chávez Gómez, resalta que debido a la vulnerabilidad de los niños jornaleros, son un factor prioritario de atención. Además de las jornadas de salud, de lunes a viernes, les llevan desayuno bajo una dieta balanceada y nutritiva, preparada por tres cocineras y avalada por las instancias de salud.
Detalla que para el alimento disponen de un presupuesto anual aportado por el DIF estatal de 90 mil pesos mensuales. El resto sale del erario del ayuntamiento y de la Secretaría de Desarrollo Social. Anuncia que está por concluirse la obra de un nuevo albergue para las familias de jornaleros migrantes, aunque la primera reacción de los patriarcas es de rechazo, pues no quieren dejar sus animales y la vida a la que ya se acostumbraron.
Este complejo cuenta, de acuerdo con el proyecto y lo avanzado de la construcción, con instalaciones adecuadas para que los jornaleros cambien las casas de madera y cartón por un techo seguro, además de condiciones salubres para los niños y un techo seguro.
En el tema educativo informa que apenas en diciembre pasado pusieron en marcha el primer centro educativo para niños jornaleros, pero a la fecha sólo hay inscritos nueve niños en preescolar y 12 en primaria. Al no acudir a las aulas, se dan clases en un espacio del campamento, a fin de facilitarles las cosas. En ese lugar, unos 20 niños toman clases, a pesar de que el espacio cuenta con clave oficial de la Secretaría de Educación en el estado (SEE) y de la Federación.
Para Karla Serrano, maestra de preescolar en multigrado de los niños migrantes, el darle clases a los menores en condiciones de extrema pobreza ha sido una labor muy especial y gratificante. “Cuando inicié aquí, yo realmente venía imaginando otra cosa, pero al momento de llegar me di cuenta que los niños nos necesitan mucho, necesitan aprender, aparte de que están muy vulnerables ante cualquier situación”, comenta.
La docente precisa que ya lleva tres ciclos escolares frente a niños jornaleros y que su principal objetivo es marcar una diferencia de cuando ingresan los alumnos a la forma en la que terminan esa etapa académica.
Recuerda que al principio eran niños que no sabían distinguir inclusive ni los colores, y al final del ciclo el progreso de los pequeños fue muy notorio, gracias a que ha metido toda la parte humana con ellos, principalmente. “Es dejar el alma con ellos, porque realmente lo necesitan y es muy gratificante. Son como todos los niños. Si tú los tratas de la misma manera, ellos son igual que todos; sólo que no tienen las mismas oportunidades”.
Los menores aseguran que les gustaría ir a la escuela, pero prefieren hacer lo mismo que sus papás: trabajar en los campos agrícolas y ganar dinero.
Uno de los empresarios de la región, quien pidió no mencionar su nombre, reconoció la calidad en la mano de obra de estas comunidades de migrantes nacionales y afirmó que no está de acuerdo con que los niños trabajen el campo, pero que es imposible impedírselo.
“Nosotros sabemos que es muy grande esa responsabilidad, pero no podemos separarlos de sus papás y desintegrar esas familias, que es lo que sucedería si les impedimos que los traigan con ellos a Michoacán y los dejen solos”, explica.
Aclara que la decisión de que los niños trabajen junto con los papás y que aprendan el oficio desde pequeños es parte de la cultura, raíces, usos y costumbres de esas familias que por años así lo han hecho.
Invisibles para el gobierno
El 25 de noviembre de 2017, el delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la entidad, José Noguez Saldaña, estimó que en Michoacán en las temporadas más altas de la actividad agrícola trabajan más de 120 mil niños en el campo.
Los municipios en los que hay pequeños jornaleros son: Zamora, Jacona, Aquila, Coalcomán, Apatzingán, Huetamo, Tanhuato, Yurécuaro y Zitácuaro. Los de Coahuayana han pasado inadvertidos para esta autoridad.
En Michoacán hasta para las comisiones legislativas del Migrante y la de Derechos Humanos, estos niños son invisibles, pues la última visita que hicieron diputados a los campos agrícolas para conocer la situación de los menores fue en el año 2005.
