Pachuca.- A través de redes sociales circula un video donde se aprecia el desalojo violento que realizaron trabajadores de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos del municipio de Tizayuca, Hidalgo, en un puesto de barbacoa donde posteriormente acusaron la venta de carne de canino.
Los hechos sucedieron el domingo en que personal del Ayuntamiento arribó al puesto de barbacoa denominado “El tío Pepe” ubicado en la carretera México-Pachuca, a la altura del lugar conocido como Los Conos.
Sin mediar palabras con el dueño del establecimiento, los trabajadores comenzaron a levantar mesas y sillas así también a tirar los alimentos.
Entre gritos y jaloneos se escucha al dueño del lugar exigir que no golpeen a su hijo menor de edad, sin embargo continúa el desalojo. Así también se ve el momento en que acuden elementos de seguridad pública en apoyo de los empleados de reglamentos.
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Posteriormente, el Ayuntamiento difundió unas fotografías presuntamente de la cabeza de un perro donde se señalaba que era la carne que se vendía en el establecimiento.
Lo anterior derivó en el cierre de la carretera libre México-Pachuca, además de diversas manifestaciones de inconformidad por parte de los afectados.
Al respecto, la alcaldía encabezada por la morenista Susana Ángeles aseveró que se trató de un operativo realizado luego de qué los dueños del lugar no cumplieran con la regularización de su situación, a través de los permisos correspondientes de venta.
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Indicaron que se habían enviado varios citatorios y al no ser cumplido se procedió al operativo en el que se aseguró que se resguardo la mercancía.
“Negamos contundentemente que se hayan realizado acciones de violencia contra un menor de edad y una mujer joven como lo señalan los manifestantes”, sin embargo en el video que circula en redes sociales se puede constatar lo contrario.
Así también dijo que la mercancía se regresó nuevamente a sus dueños y acusaron que éstos se negaron a realizar una audiencia en el Centro de Justicia Cívica, además de exigir el pago de 80 mil pesos por presunta indemnización.
Los afectados por su parte han reiterado que la alcaldesa arremetió en su contra debido a que han defendido el ejido donde se encuentran ubicados.
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