Oaxaca.— Álvaro Sebastián Ramírez , expreso político quien pasó casi 20 años en prisión, acusado de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), fue asesinado a balazos la tarde de este martes, en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.
De acuerdo con información oficial, el activista y defensor de derechos humanos fue asesinado en la colonia Colinas de San José, perteneciente al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, conurbado a la capital de Oaxaca.
El asesinato fue confirmado por distintas organizaciones sociales, las cuales condenaron el crimen. El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), por ejemplo, aseguró que lo asesinaron “las balas de los enemigos de la paz, de la democracia y de la justicia”.
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“Hoy sufrimos la pérdida insustituible de un gran activista del movimiento democrático y hombre de ideales revolucionarios. Exigimos al Estado mexicano el esclarecimiento inmediato y el castigo los autores materiales e intelectuales”, expresó el MULT en un comunicado.
Álvaro era originario de San Agustín Loxicha, donde fue autoridad municipal y enfrentó a caciques de la región por lo que autoexilio de su comunidad. En 1997 fue detenido y torturado, acusado de 11 delitos entre ellos homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad, terrorismo y conspiración.
El gobierno de Oaxaca lo señalaba como partícipe del ataque de un comando del EPR el 29 de agosto de 1996 en Santa María Huatulco a los edificios de la Marina, la agencia del Ministerio Público, la Policía Federal de Caminos y la exdelegación de gobierno. En el ataque murieron tres marinos, dos policías, dos civiles y dos guerrilleros.
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Ese día, Álvaro trabajaba en una feria en el municipio de San Agustín Yatareni, a 418 kilómetros de Santa María Huatulco. Fue uno de los 137 indígenas loxichas acusados de pertenecer al EPR por parte del gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano.
Tras las acusaciones fue condenado a más de 100 años de prisión, pero se redujo su sentencia a 27 años sólo por el delito de homicidio calificado. El 7 de julio de 2017 fue dejado en libertad tras 19 años y siete meses en prisión, al cumplir las dos terceras partes de su condena.
Tras su asesinato, la organización Comuna manifestó su indignación y destacó que el conflicto en Loxicha es una histórica lucha en contra de caciques políticos de la zona, que al estallar la guerrilla en 1995 fue señalada de formar parte de los grupos armados del EPR, por lo que los dirigentes sociales fueron procesados para “desarticular el proceso organizativo comunitario”. Álvaro fue uno de ellos.
Dijo que desde hace algunas semanas Álvaro Sebastián Ramírez había comenzado a realizar trabajo organizativo en su municipio “con el fin de que el poder público en el ámbito municipal regresara al pueblo, al que debe de pertenecer”.
“La tortura y la cárcel nunca doblegaron su ánimo de lucha contras los antiguos y nuevos cacicazgos”, agregó.
Comuna también señaló como “responsable por omisión” de este crimen al gobierno de Oaxaca, pues señaló en un pronunciamiento que la Secretaría General de Gobierno “nunca actuó para desarticular o si quiera limitar el poder de los caciques locales”.
Agregó que este asesinato se suma al de una larga lista de crímenes contra activistas y dirigentes sociales en la entidad que “han pagado con su vida el atrevimiento de buscar mejores condiciones de vida para sus comunidades”.
Ante ello exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) el inicio inmediato de la investigación para dar con los autores materiales e intelectuales. “Mientras persista la impunidad en un sólo caso, todos los activistas estamos en riesgo”, señaló Comuna.
Y agregó que sin justicia, no existirán condiciones para la paz en la región de Loxicha ni en el resto del estado de Oaxaca.
Al respecto, la fiscalía informó que inició la carpeta de investigación 25033/FDAI/UEIH/2022 por el delito de Homicidio Calificado de Álvaro Sebastián Ramírez, cometido la tarde de este martes en la colonia Colinas de San José, de Santa Cruz Xoxocotlán.
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