Un empresario del sector gasolinero y restaurantero de Tlaxcala, identificado como Ángel "N.", fue asesinado en lo que fue un aparente ataque directo con arma de fuego, en la comunidad de Tecolotla, en el municipio de Apetatitlán.
Este es el segundo caso de violencia contra un hombre de negocios en la entidad en menos de una semana. El jueves 26 de septiembre, un grupo armado secuestró al empresario Roberto de la Rosa en Chiautempan; su cuerpo fue encontrado la madrugada del viernes en la zona limítrofe entre Tlaxcala y Xoxtla, Puebla.
El asesinato de Ángel N. representa un nuevo episodio de violencia que sacude al sector empresarial de Tlaxcala que, a decir de la gobernadora, Lorena Cuéllar, es el estado más seguro del país.
Según informes policiales y testimonios de testigos, dos hombres en motocicleta, vestidos con uniformes similares a los de personal de mantenimiento, llegaron a la gasolinera justo cuando el empresario, acompañado de su chofer y a bordo de su camioneta, se estacionaba en el patio del establecimiento.
Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que uno de los agresores descendió de la moto y se dirigió al vehículo del empresario, abriendo fuego casi de inmediato.
Como resultado del ataque, Ángel "N" falleció casi instantáneamente, mientras que su chofer sufrió heridas graves; a pesar de su estado, intentó perseguir a los atacantes, pero perdió el control y chocó con otro auto.
Los agresores lograron escapar sin problemas, mientras que los empleados y clientes de la gasolinera intentaron protegerse del ataque. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que inició una investigación por el asesinato y la herida de otra persona durante el incidente.
La institución fue alertada sobre el ataque y homicidio a través de una llamada anónima al Servicio de Emergencias 911.
“Esta situación motivó el inicio de las investigaciones por parte del Instituto de Ciencias Forenses y de la Policía de Investigación, quienes recabaron evidencias y levantaron el cuerpo para que el Ministerio Público vincule a los responsables”, indicó la FGJE en un comunicado de prensa.
Además de su labor en el sector gasolinero, el fallecido también era empresario restaurantero y, desde el inicio del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, había emprendido acciones legales contra el Gobierno local tras la clausura de uno de sus restaurantes por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
En su momento, argumentó que la clausura había sido ilegal y una medida de presión para cerrar definitivamente su negocio, supuestamente por intereses de funcionarios públicos.
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