Tras conocerse que varios funcionarios de la Dirección de Tránsito y Recaudación de Rentas de Nayarit están involucrados en e l asesinato del periodista Jesús Alejandro Márquez Jiménez y en posibles actos de corrupción al interior de la dependencia, la mañana de este lunes la Secretaría de la Contraloría y la Secretaria de Seguridad Pública del estado aseguraron las instalaciones de la dependencia.
El operativo , ordenado por el gobernador, Antonio Echevarría, encabezado por la contralora, Aidé Herrera Santana y el titular de la secretaría de Seguridad Pública, Jorge Benito Rodríguez, tiene como objetivo asegurar y resguardara papelería, archivos digitales, sellos y equipo de cómputo de la dependencia para evitar la pérdida o manipulación de archivos.
Además se ordenó una auditoría a todas las áreas de esta dirección para tratar de aportar a la Fiscalía del estado más datos que apoyen su investigación sobre una posible red de corrupción que opera al interior y que habría quedado al descubierto durante la investigación del homicidio del comunicador.
Se informó que los elementos de seguridad se mantendrán en vigilancia permanente para resguardar las instalaciones y la documentación que hay en ella, mientras que personal de la Policía Cibernética hará el acopio y resguardo de los archivos digitales.
Un video, móvil del crimen
En tanto, por estar involucrados en el asesinato de Márquez Jiménez, un juez vinculó a proceso y dictó prisión preventiva a la ex titular de la Dirección de Tránsito del estado, Patricia Betancourt Zepeda, y dos empleados de la misma dependencia: Santos Román Sánchez Muñoz y Luis Alberto Hernández Hernández.
Según las indagatorias que la Fiscalía presentó ante el juzgador, el comunicador presuntamente administraba de forma anónima una página de Facebook llamada “El blog del narco Nayarit”, en la que el 30 de noviembre pasado se publicó un video en el que se acusa a Betancourt Zepeda y a Sánchez Muñoz de encabezar una red de corrupción al interior de la dependencia estatal y de lavar dinero para el crimen organizado a través de un restaurante propiedad de Sánchez Muñoz.
La cronología de hechos establecida por la Fiscalía indica la tarde del 30 de noviembre Sánchez Muñoz citó al periodista argumentando que necesitaba su ayuda para imprimir unas lonas para su restaurante y quedaron de verse en un punto de Tepic; el comunicador llegó con un joven que se encargaría de las impresiones, en tanto que el funcionario de Tránsito llegó en compañía de Luis Alberto Hernández Hernández y otros dos trabajadores de la dependencia.
Los seis subieron al mismo auto y al llegar a un cañaveral en el municipio de Xalisco, Sánchez Muñoz detuvo el auto y todos bajaron; ahí le reclamó al comunicador la publicación del video, pues supuestamente le había entregado dinero para que lo dejara en paz, después lo obligó a tirarse boca abajo y le disparó en dos ocasiones.
Sánchez Muñoz quiso asesinar también al joven que acompañaba al periodista, pero este suplicó y aseguró que nada tenía que ver con la publicación del video, que él estaba ahí porque le hablaron para imprimir unas lonas; el funcionario estatal decidió no matarlo pero lo amenazó.
Después de abandonar el cuerpo del periodista, Luis Alberto Hernández Hernández, le quitó el teléfono celular y se lo quedó, un día después se lo regaló a su novia y eso se convirtió en pieza clave para la investigación.
El cuerpo de Márquez Jiménez fue localizado el sábado 1 de diciembre y su teléfono, aunque con un chip distinto, fue utilizado nuevamente el lunes 3 de diciembre; la Fiscalía comenzó a recabar información del aparato, a triangular ubicaciones y rastrear llamadas, así, para el 8 de enero logró dar con la novia de Hernández Hernández y obtuvo su testimonio.
Durante la audiencia de vinculación testificaron el joven que acompañó al periodista el día que lo asesinaron y los dos empleados de Tránsito que iban con Sánchez Muñoz y Hernández Hernández; uno de ellos señaló que Sánchez Muñoz, tras asesinar a Márquez Jiménez, hizo una llamada en la que dijo: “jefa, ya estuvo, la veo en el domicilio”.
Por este caso Patricia Betancourt Zepeda es acusada de encubrimiento, mientras que Santos Román Sánchez Muñoz y Luis Alberto Hernández Hernández son señalados por homicidio.
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