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CUERNAVACA, Mor.- La Fiscalía anticorrupción de Morelos aseguró las instalaciones del Rastro TIF, ubicado en el municipio de Miacatlán, en seguimiento a la denuncia por el delito de ejercicio ilícito de servicio público y peculado en contra de Roberto Ruiz Silva, Secretario de Desarrollo Agropecuario en la administración de Graco Ramírez (2012-2018).
El origen de la investigación data de noviembre de 2018 cuando la administración de Cuauhtémoc Blanco detectó que el gobierno anterior pagó 12 millones de pesos para contratar los servicios de una empresa que se encargaría de dotar de equipamiento y puesta a punto del denominado Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) .
En su momento, informó el gobierno del estado, se publicitó un supuesto inicio de operaciones, avalado inclusive por el anterior titular del Ejecutivo Estatal.
Pero la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo constató que las instalaciones y equipamientos pagados “en papel” a la empresa responsable de la obra, no correspondían a los parámetros exigidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y en tales condiciones resultaba materialmente inviable la obtención de la certificación de Rastro TIF.
En seguimiento de la denuncia de hechos con número FECC/129/2018-11, y partir de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, el personal de la Fiscalía Especializada, en conjunto con representantes de la Consejería Jurídica de Ejecutivo estatal y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, recorrieron las instalaciones del rastro.
Al concluir de la inspección al interior del inmueble colocaron sellos de aseguramiento para salvaguardar el equipo y la maquinaria, en tanto se realizan las acciones en materia pericial y se desahogan las diligencias correspondientes a la investigación en curso.
“Una vez concluidos los peritajes al interior del rastro, el cual ha estado fuera de operación, la Sedagro podrá solicitar la devolución del inmueble, para lo cual deberá acreditar la propiedad del mismo, dando seguimiento a las acciones jurídicas que correspondan”, informó la Coordinación de Comunicación Social en un reporte oficial.
Con estas acciones, expuso el Gobierno de Morelos, se mantiene el compromiso de combatir la corrupción en la que funcionarios del sexenio pasado pudieran haber incurrido, y con ello generado un daño a la ciudadanía a través de un ejercicio público que no correspondiera a buscar el bien de la sociedad y del desarrollo de la entidad.
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