Ayer, dos empleados del Poder Judicial de Nayarit y un abogado de la firma Molrod, Silber y Asociados, que fungía como apoderado legal del Infonavit, fueron arrestados por la fiscalía del estado, al presuntamente estar involucrados en el fraude con que Infonavit despojó de sus viviendas a más de 60 mil beneficiados en por lo menos ocho estados del país.
La dependencia informó que los detenidos están acusados de fraude procesal, tráfico de influencias, delitos cometidos por servidores públicos, cohecho, abuso de autoridad en agravio de la sociedad y de los derechohabientes afectados.
Los imputados fueron puestos a disposición de un Juez de Control para determinar la legalidad o no de la detención y se fije fecha para la audiencia de imputación si procede.
De forma extraoficial se ha dicho que el abogado detenido es Saulo Javier Pardo Sánchez y que los funcionarios del Poder Judicial adscritos a los municipios de Xalisco y Compostela son Eusebio López Ibarra y Elba Alicia Rodríguez Mora.
En tanto, los amparos promovidos por tres de los cuatro jueces y los dos magistrados involucrados en este caso fueron negados, por lo que si el Congreso de Nayarit decide desaforarlos, como solicitó la fiscalía en diciembre, podrían ser detenidos.
El proceso que sigue el Congreso local para quitarle el fuero a estos seis funcionarios públicos podría prolongarse al menos un año, por lo que a pesar de no lograr los amparos, no pueden ser detenidos.
Desde diciembre, los jueces Mario Alberto Cervera, Justino Rodríguez y Braulio Meza solicitaron amparo para no ser detenidos por ese caso, pero a principios de enero se les negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por su parte, los magistrados José Ramón Marmolejo Coronado y Pedro Enriquez Soto iniciaron juicios de amparo en los primeros días del año. Sin embargo, el martes 22 de enero se les negó la suspensión solicitada.
Las autoridades nayaritas comenzaron a investigar este caso en junio de 2017. Después de más de un año, la fiscalía determinó que se trataba de un fraude de grandes proporciones en el que presuntamente estaban involucrados funcionarios del Poder Judicial del estado, un notario público y un despacho de abogados.
Tras una denuncia anónima, la dependencia obtuvo una orden para catear dos fincas en Tepic donde operaba el despacho Molrod, Silber y Asociados, contratado por Infonavit para gestionar su cartera vencida. En ellos se encontraron evidencias de la supuesta fabricación de juicios para ejecutar hipotecas vencidas y adjudicarlas de nuevo al Infonavit.