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Pachuca.— Entre gritos de “aborto legal” y “sí a la vida”, por parte de integrantes de los movimientos Marea Verde y Ola Azul de Provida, se presentó ayer en tribuna del Congreso de Hidalgo la iniciativa para despenalizar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas.
Diputados de Morena apoyados por algunas fracciones, como el PRD, e impulsados por activistas de diversos colectivos, subieron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 154, 155, 156, 157 y 158 del Código Penal estatal en materia de interrupción del embarazo.
Los trabajos en el Congreso local estuvieron encabezados por el diputado de Morena Víctor Guerrero, quien coincidió con las activistas en que se debe ofrecer a las mujeres seguridad hospitalaria y no criminalizar la interrupción del embarazo.
Actualmente Hidalgo cuenta con cuatro causales para no castigar a las mujeres ante este tipo de procedimientos: por violación, riesgo de muerte de la madre, accidente y malformación del producto.
Sin embargo, en el caso de la violación existe un candado mediante el cual las mujeres deben denunciar el delito antes de saber si están o
no embarazadas.
Con las reformas presentadas ayer se busca despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, lo que garantizaría la no criminalización de la mujer y con ello la seguridad hospitalaria.
También se propone que, por primera vez, el Código Penal establezca la diferencia con aborto, el cual será considerado como delito si es producido por una segunda persona sin el consentimiento de la madre.
En México se estima que 36% de las mujeres que tienen un aborto clandestino registran complicaciones que requieren tratamiento médico; de éstas, 25% no recibe la atención hospitalaria. Las mujeres del medio rural son las más afectadas, ya que 45% no tienen atención contra 10% de mujeres urbanas.
Durante la lectura de la iniciativa estuvieron presentes mujeres de Marea Verde, encabezadas por Bertha Miranda, y grupos de Provida en la Ola Azul. Con pancartas y gritos a favor y en contra, ambos grupos expusieron sus argumentos.
Bertha Miranda consideró que esta iniciativa es una deuda que tiene el gobierno con las mujeres, quienes —dijo— son las únicas deben decidir sobre su cuerpo.
Destacó la importancia de que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo lo hagan con seguridad.
Señaló que de 2013 a 2018, alrededor de mil mujeres hidalguenses habían tenido que recurrir a la Ciudad de México a practicarse un aborto. En Hidalgo en 2014 y 2017 se registraron dos casos de niñas de 12 y 14 años víctimas de violación, quienes recurrieron a la Ciudad de México.
Del lado de Ola Azul, José Luis Rodríguez apuntó que el aborto es un delito y los diputados faltan al respeto a la población, ya que no todos están de acuerdo: “Sin tomarnos en cuenta están tomando decisiones que involucran a la sociedad”.
Aseveró que no existe la necesidad de despenalizar el aborto y agregó que la interrupción del embarazo debe ser castigada pero no con prisión, sino que se le otorgue tratamiento sicológico a las mujeres.
