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Chiapas se convirtió en la tercera entidad del país en aprobar una reforma a su Código Penal para castigar de manera integral la violencia digital. Así, quienes cometan este delito podrán ser penalizados con hasta 12 años de prisión.
Fue ayer por la mañana, frente a representantes de 30 grupos de activistas del estado, cuando de manera unánime los diputados locales aprobaron la llamada Ley Olimpia.
A partir de ahora, en el estado será un delito difundir, distribuir y comercializar la imagen de las mujeres sin su consentimiento, incluyendo desde los llamados packs, hasta el etnoporno, videos en los que principalmente aparecen mujeres indígenas obligadas a tener relaciones sexuales.
Al respecto, la activista Olimpia Coral, promotora de esta ley, explica que “este delito se castigará con penas de tres a 12 años de cárcel. La pena máxima es de seis años, pero por ciertos agravantes se duplicaría”.
Entre los agravantes se incluye que la víctima sea menor de edad o pertenezca a un grupo vulnerable, que quien la violente sea una persona de su contexto cercano —como su pareja sentimental—, o bien, que se lucre económicamente con el contenido.
Una vez aprobada la ley y que está se publique en el periódico oficial del estado, el siguiente paso será socializar la violencia digital en todos sus aspectos, hacer campañas de educación digital e incluso, como iniciativa de un municipio, crear un centro de atención especializado.
“En La Concordia, Chiapas, va a haber por primera vez una dirección municipal de atención a la violencia digital. Es algo histórico”, señaló Olimpia Coral.
Hasta ahora sólo los estados de Puebla y Yucatán han legislado para que de manera integral se castigue la violencia digital, es decir, que a la ley puedan recurrir todas las mujeres, sin ninguna distinción.
En Chiapas, activistas del Frente Nacional por la Sororidad detectaron al menos 125 mercados de explotación sexual digital, en los que se encuentran expuestas, sin su permiso, más de 800 mujeres y niñas chiapanecas. Estos mercados van de grupos en redes sociales hasta sitios de pornografía.
Ahora, las activistas buscarán que las legislaciones locales también sean modificadas en este sentido en entidades como Ciudad de México, Veracruz y Estado de México.
