El Congreso del estado de Veracruz , aprobó una ley de austeridad que contempla reducciones salariales para funcionarios del gobierno , incluido el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Por mayoría, con 47 votos a favor y uno en abstención, los legisladores avalaron la Ley de Austeridad, propuesta por el mandatario estatal emanado de Morena.
Con ello, se disminuirá la percepción mensual en un 23 por ciento al gobernador; mientras que a los secretarios del gabinete en un 13; en tanto a los subsecretarios o directores generales 9 por ciento y a los directores de área o subdirectores un 7 por ciento.
El sueldo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares era de 74 mil 938 pesos, lo cual significa que con la reducción del 30 por ciento (22 mil 479 pesos), el morenista García Jiménez, devengaría 52 mil 459 pesos mensuales.
El nuevo ordenamiento legal, establece la reducción de gasto suntuoso a los funcionarios públicos, reducir los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes del Estado, órganos autónomos y sus entes públicos.
Además, se eliminarán los haberes de retiro o regímenes especiales de jubilaciones o pensiones; así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva, con excepción de los necesarios que se requieran por una función de alto riesgo .
Con su aprobación no se podrán crear plazas adicionales a las autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Estado, ni asignar previsiones adicionales a ellas; y se limitará la contratación de personal por honorarios .
También se limitarán los servicios de escolta, así como la adquisición de automóviles blindados, salvo para los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia.
Y se deberá ajustar la propaganda oficial a lo estrictamente indispensable para cumplir con los fines informativos y de difusión necesarios, en materia educativa o de orientación social, priorizando el uso de tiempos oficiales.
También se limitarán los viajes oficiales a los estrictamente indispensables conforme a las necesidades del servicio público; prohibir los viajes aéreos en primera clase, para servidores públicos y la contratación de servicios privados de autotransporte.
