El Congreso de Quintana Roo aprobó por unanimidad, la Ley de Movilidad del estado, que permite la operación de plataformas digitales tipo Uber y crea el Instituto de Movilidad en la entidad, el cual estará facultado, entre otras cosas, para otorgar las concesiones y permisos para el transporte público, privado y de dichas plataformas tecnológicas.
Con la aprobación de esta ley, se reconoce el Derecho Humano a la movilidad y se elimina la facultad discrecional que poseía el gobernador en turno, para expedir concesiones de transporte, tal y como lo ofreció el actual mandatario estatal, Carlos Joaquín.
Conforme al decreto, la Ley establece que ninguna concesión se otorgará si con ello se establece una competencia ruinosa o ésta va en detrimento de los intereses del público usuario o se cause perjuicio al interés público.
Esta misma noche, operadores afiliados a diferentes sindicatos de taxistas en todo el estado, comenzaron a bloquear accesos carreteros en protesta por la aprobación de la nueva ley, principalmente en Cancún, Puerto Morelos y Playa del Carmen. En Chetumal, arribaron a la sede del Congreso para recriminar a las y los legisladores.
La instancia responsable de expedir las concesiones será el Instituto de Movilidad, creado como un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), dotado de autonomía técnica y de gestión, responsable de la planeación, diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la política de movilidad.
En torno a la operación de transporte contratado a través de plataformas digitales, se indica que el servicio sólo podrá ser prestado por quienes cuenten con un permiso expedido por el Instituto, en estricto cumplimiento a los requisitos que marca la ley.
Por ejemplo, los vehículos que sean utilizados para prestar el servicio de transporte a través de plataformas digitales, no deberán tener más de cuatro años de antigüedad, deberán tener un valor que exceda las 2 mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) -es decir, 240 mil pesos en promedio- y tener un máximo de cinco plazas.
En todos los casos, los prestadores del servicio de transporte deberán cumplir con ciertas obligaciones para garantizar la seguridad de los usuarios y el otorgamiento de concesiones, en general, estará sujeto a la formulación de una Declaratoria de Necesidad que expedirá el Instituto.
Dicha declaratoria deberá contener: datos estadísticos obtenidos con relación a la oferta y demanda del servicio; el tipo y características de los vehículos que se requerirán, exposición de las circunstancias que sustenten el incremento de concesiones, así como los resultados de los estudios técnicos que justifiquen su otorgamiento.
De acuerdo con los artículos transitorios, la nueva Ley de Movilidad entrará en vigor, 90 días después de su publicación en el Periódico Oficial del estado. Además, dentro de los 30 días siguientes a ello, el gobernador, Carlos Joaquín, deberá nombrar al director general del Instituto de Movilidad.
La iniciativa de Ley de Movilidad fue impulsada por legisladores locales de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Revolucionario Institucional (PRI), de Encuentro Social (PES), Nueva Alianza (NA), de diputados independientes, así como de las propuestas vertidas en diversos foros y mesas de trabajo en lasque participaron organizaciones diversas.
En tribuna, el diputado Mario Baeza Cruz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, explicó que la Ley otorga prioridad en la utilización del espacio vial a los peatones, incluyendo a las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, ciclistas, usuarios y prestadores de servicios de transporte público de pasajeros; operadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías y por último, a usuarios de transporte particular automotor.
ml