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Después de dos años de trabajos en foros y mesas de consulta, el Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad de Guadalajara aprobó una serie de reglamentos para tratar de erradicar la violencia de género dentro de la institución.
Con la creación de un Código de Conducta, del Reglamento de Responsabilidades Vinculadas con Faltas a la Normatividad Universitaria y la generación de un nuevo Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios se busca sentar las bases éticas, responsabilidades y sanciones que normen la conducta de los integrantes de la comunidad universitaria.
Además se aprobó el Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género , que recoge 56 propuestas realizadas por integrantes de la Universidad y colectivos feministas.
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El rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí recordó que no se tenía una normativa que diera certeza a la prevención, atención y sanción de acciones como acoso y hostigamiento por razones de género , sin importar quién lo lleve a cabo.
“Se trata de un nuevo pacto social al interior de la UdeG, una nueva forma de convivencia”, dijo e hizo un llamado a la comunidad universitaria para que conozca esta nueva normatividad que implicará capacitación en muchos aspectos.
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El CGU también aprobó la creación del Reglamento de Responsabilidades Vinculadas con Recursos Públicos, que buscará transparentar la rendición de cuentas de los recursos entregados por parte de los gobiernos estatal y federal.
Villanueva Lomelí, explicó que este reglamento es un intento de autorregulación acorde con el Sistema Nacional Anticorrupción para normar las conductas de los universitarios y sancionar a quien haga uso indebido de los recursos.
“La Universidad está haciendo pleno uso de la autonomía para garantizar la transparencia y el uso correcto de los recursos. Para todos aquellos discursos que se quieren imponer en los que se quiere decir que ‘autonomía’ es sinónimo de ‘corrupción’, desde la UdeG les decimos que no, que la autonomía es un ejercicio que permite el desarrollo científico y que, con pleno uso de la autonomía, la Universidad se autorregula para estar totalmente alineada con el Sistema Nacional Anticorrupción y cumplir con toda la normativa que exige el uso eficiente, transparente y claro de los recursos, que son de todos los mexicanos”, explicó.
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