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El Congreso de Quintana Roo, aprobó el decreto que plantea reformas a la Constitución Mexicana , en materia de prisión preventiva oficiosa , que permitirá que los imputados por delitos como violación sexual contra menores, el feminicidio, robo a casa habitación e incluso el uso de programas sociales para fines electorales y la corrupción, afronten su proceso en la cárcel.
Luego de haber aprobado con 22 votos a favor, el decreto que modifica la Carta Magna para la creación de la Guardia Nacional , la XV Legislatura sometió a votación la reforma al artículo 19 constitucional , a fin de establecer que el ministerio público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio.
Durante la lectura del proyecto de decreto, se indicó que la reforma permitirá que el ministerio público pida la prisión preventiva oficiosa a un juez cuando el imputado este siendo procesado o haya sido sentenciado por un delito doloso, como el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas y robo a casa habitación.
También cuando se imputen delitos como el uso de programas sociales con fines electorales; corrupción, tratándose de delitos como enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
El catálogo incluye los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos cometidos con medios violentos como armas o explosivos ; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejercito, la Armada y la Fuerza Aérea, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
De acuerdo con los transitorios, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse a los cinco años, para determinar si continúa su aplicación.
El diputado Luis Ernesto Mis Balam, solicitó que se sometiera a votación como de urgente y obvia resolución, lo cual fue aceptado. El decreto se aprobó con 22 votos a favor y cero en contra.
Su par, Jesús Alberto Zetina Tejero, diputado por Acción Nacional (PAN), consideró que lo aprobado, fue “un acto de buena fe”, con pros y contras, que presenta riesgos.
“Esta reforma no compone la ‘pata floja’ en la procuración de justicia, por la cual hay un sinnúmero de presos sin sentencias y delincuentes en las calles. En ese trayecto, en el tiempo que pase entre la entrada en vigencia de la reforma y la corrección de los problemas de la procuración de justicia.
“Corremos el riesgo de seguir criminalizando la pobreza, aumentando el hacinamiento y la violación a los derechos humanos dentro y fuera de la prisión. Y corremos el riesgo de mantener por años en la cárcel a personas inocentes que al final, reciben, en el mejor de los casos, ‘un disculpe usted, nos equivocamos’”, expresó.
Zetina Tejero añadió que también se podría incurrir en dejar en la cárcel al pobre y libre, a un delincuente con suficientes recursos para promover un buen amparo. Se abre -dijo- la puerta para hacer uso faccioso de la ley, incluso usándola con fines políticos durante las contiendas electorales.
Ocurre que actualmente la Ley establece que el juez ordenará prisión preventiva oficiosa sólo en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violencia, secuestro, trata de personas, delitos violentos cometidos con armas de fuego o explosivos, así como delitos graves que pongan en riesgo la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
“Con la reforma en comento se añadirán el abuso o violencia sexual contra menores, el feminicidio, el robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y desempeño abusivo de funciones, robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.
“Asimismo, los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y delitos en materia de armas de fuego”, enlistó, al señalar que ojalá la reforma aprobada sirva para que sólo los culpables permanezcan en prisión, y que en un futuro no se lamenten las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas a partir de este nuevo ordenamiento legal.
El diputado Emiliano Ramos, resaltó que los delitos que se añaden con la reforma, son de alto impacto, lo que justifica “plenamente” que los imputados afronten su proceso en prisión.
Resaltó que es relevante la inclusión de delitos de corrupción, que busca impedir que funcionarios se enriquezcan al amparo del poder y queden impunes, pues al dictarse la prisión preventiva, evitará que escapen como ha ocurrido con varios ex funcionarios a nivel nacional y, particularmente, de Quintana Roo.
La reforma se enfoca además -subrayó- en los delincuentes electorales, que usan recursos públicos destinados a programas sociales, para fines políticos.
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