Cancún.- La actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Tulum (PDU), por donde correrá el Tren Maya y opera ya un aeropuerto internacional, será sometida a votación de Cabildo esta tarde, en franca violación al procedimiento establecido por la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Quintana Roo, vigente, advirtió el Colegio de Ingenieros de esa demarcación municipal.
El procedimiento se llevó a cabo sin haber garantizado la efectiva participación ciudadana, sometiendo el anteproyecto a consulta pública, solo durante dos días hábiles, en medio de la celebración de las fiestas patrias; ignorando las observaciones hechas por cuerpos colegiados y violentando la legalidad y el debido proceso, además del principio de congruencia, afirmó Fernando Aznar, presidente del Colegio de Ingenieros de Tulum.
La función de los PDUs es dirigir el crecimiento de los centros de población, asignando usos de suelo, porcentajes para el máximo de desmonte, límites en número de cuartos o viviendas, altura de edificaciones, la zonificación de lo que se puede o no hacer en el territorio, entre otros parámetros, tomando en cuenta lo que establece el Atlas de Riesgo Municipal y el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL)
Sin embargo, el Poel de Tulum está en elaboración, por lo que la actualización del PDU debió esperar a la aprobación del Ordenamiento Ecológico. Este incumplimiento supone la transgresión a otra ley: la del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEPPA).
“Por ende, el PDU propuesto, al no apegarse a lo establecido por el Poel vigente, en consecuencia, está fuera de la Ley, por ello lo recomendable es esperar a que finalice la elaboración y formulación del Poel y, una vez ya publicado entonces se podría encuadrar el PDU propuesto, para armonizar ambos instrumentos”, expuso Aznar, en entrevista con EL UNIVERSAL.
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El también integrante del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tulum, dijo que el anteproyecto “se lo sacaron de la manga” desde las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con el aval del presidente municipal, Diego Castañón, sin que hubiese talleres de participación ciudadana como mandata la Ley de Asentamientos, cuando la facultad de incidir en el desarrollo urbano y los usos del suelo es potestad municipal.
Explicó que la legislación citada establece que el Consejo de Ordenamiento debe notificar públicamente el inicio del proceso de actualización del PDU, lo cual no sucedió.
A partir de ese anuncio –inexistente– debieron realizarse talleres o sesiones con la participación de la academia, cuerpos colegiados, empresariado, organizaciones civiles y autoridades, para actualizar el instrumento de planeación urbana, asignando un lugar para efectuar esos trabajos, lo cual tampoco ocurrió.
La sorpresa fue el pasado 12 de septiembre cuando se llevó a cabo, de forma virtual, la sesión extraordinaria del Consejo para presentar el nuevo PDU, elaborado sin acatar el procedimiento antes mencionado y establecido en la Ley de Asentamientos y el anunció de que se sometería a consulta pública al día siguiente y hasta el 17 de septiembre.
Aznar Pavón recordó que la Ley mandata que las consultas públicas deben durar, mínimo, 15 días; en este caso, fueron solo dos días hábiles para que la ciudadanía interesada leyese más de 400 páginas; además de cruzarse el fin de semana, fueron fechas de fiestas patrias, el lunes pasado también fue día inhábil y el martes se cerró el proceso.
“A pesar de ello y a marchas forzadas nos dimos a la tarea de revisar el documento y presentamos nuestras observaciones.
“Sin embargo, ahora nos encontramos en que a dos días de cerrada la consulta, tampoco conocemos qué, de lo que observamos, se incluyó y qué no; a nadie le respondieron y el gobierno municipal está obligado a responder y notificar a cada uno de los que participamos en la consulta pública, pero eso no pasó”, manifestó.
Una sorpresa más, alterna a las violaciones de forma, es el contenido del PDU propuesto, calificado como “muy deficiente e incompleto, más aun en la parte ambiental, incumplimiento con varios preceptos legales; es claro que el documento fue hecho ‘al vapor’”, se lee en las observaciones entregadas durante la consulta fast track.
Aznar Pavón, también empresario inmobiliario, dijo que un 70 por ciento de los usos de suelo vigentes se modificó para preservación, lo que reduce o cancela la posibilidad de desarrollo, afecta el patrimonio de quienes compraron para construir, genera incertidumbre jurídica y afecta la inversión y confianza del destino.
Cuestionado acerca del crecimiento desmedido de Tulum, víctima de una multiplicidad de cambios de uso de suelo previo a la pandemia por coronavirus Covid-19 y a que su territorio está prácticamente fraccionado en su totalidad, Aznar aclaró que está de acuerdo en que el PDU debe ser actualizado, que se tiene poner un límite al crecimiento desmedido y a que la medida propuesta en el instrumento de planeación sea una forma de acotar y proteger.
Sin embargo, subrayó que no se ha presentado la fundamentación jurídica, ambiental ni técnica para imponer esas modificaciones; que el procedimiento es violatorio de la Ley, en materia de participación ciudadana y que es “un atropello” que cancela posibilidad de desarrollo, lo cual –a su juicio– se contrapone con la construcción del Tren Maya y del Aeropuerto Internacional de Tulum.
“Estoy de acuerdo con que se necesita actualizar el PDU; está muy bien. Entiendo que se quiera poner orden, pero pasamos de la venta de usos de suelo a la cancelación de usos del suelo.
“Se están violentando otras garantías como la de legalidad y el debido proceso, además del principio de congruencia. La autoridad municipal debe declarar sin efecto el procedimiento que ahora nos ocupa o en su defecto, la nulidad del procedimiento (de actualización del PDU)”, sostuvo.
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Otro punto que ha generado altas inquietudes tiene que ver con los Lineamientos Normativos, en donde se indica que una vez publicado el PDU dejarán de aplicarse las normas de uso de suelo, construcción, imagen urbana y demás análogas que pudieran estar establecidas en otros instrumentos como reglamentos, contratos de compraventa y enajenación de lotes a cualquier título al quedar reguladas “únicamente” por el nuevo Programa de Desarrollo Urbano.
“Por consiguiente, ya que se publique en el Periódico Oficial del estado el PDU propuesto, ya no se podrán aplicar los preceptos contenidos en el Reglamento de Construcción y el Reglamento de Imagen Urbana, ambos del municipio de Tulum, relativos a la emisión de constancias de usos del suelo, licencias de construcción y demás licencias o autorizaciones similares, así como las relativas a la imagen urbana.
“A partir de esta publicación esas materias estarán reguladas únicamente por las disposiciones del PDU ahora propuesto”, se indica en el instrumento de planeación.
Para Aznar, dicho párrafo es “absurdo” y constituye un “autogol” del propio ayuntamiento, “incomprensible”.
En consecuencia, el proceso debe ser repuesto, conforme a lo que establece también la Ley de Asentamientos Humanos del estado, pues violenta el marco legal y su contenido es lesivo.
No obstante, hoy se celebrará una sesión de Cabildo, cuyo punto de acuerdo es la votación para aprobar el PDU, sin que tampoco los regidores hayan tenido la información en tiempo para analizar el contenido y el procedimiento.
Así lo confirmó el concejal, Carlos Coral. “La convocatoria surgió apenas ayer. A mí solo se me entregó el acuerdo mediante el cual se somete a aprobación el PDU, pero desconozco su contenido; tampoco fui requerido para su actualización o para conocer detalles de la consulta pública”, manifestó.
afcl