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Juchitán.— Los migrantes centroamericanos refugiados en el albergue Hermanos en el Camino recibirán capacitación laboral y una ayuda de 5 mil 500 pesos al mes, como parte del Programa de Emergencia Social, informó a EL UNIVERSAL el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador de ese centro.
Precisó que acordó la firma de un convenio con autoridades de la Secretaría de Bienestar para beneficiar a migrantes centroamericanos. El propósito de la alianza, destacó el prelado, es apoyar con capacitación laboral a quienes ingresen ordenadamente al país y estén bajo el resguardo del albergue, instalado en Ciudad Ixtepec.
Cada beneficiario, explicó, recibirá un apoyo mensual de 5 mil 500 pesos por hasta tres meses, según se establece en las reglas de operación del Programa de Emergencia Social, cuyos criterios se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 12 de marzo pasado.
De acuerdo con Solalinde Guerra, los migrantes centroamericanos también recibirán una capacitación de 90 días para realizar alguna actividad productiva —como hacer pan o cortar el cabello— y durante ese tiempo cada beneficiario podrá acceder a un apoyo económico de hasta 16 mil 500 pesos.
Se proyecta que con el recurso del apoyo mensual, el migrante podrá dejar el albergue para rentar una vivienda temporal.
El centro Hermanos en el Camino fue fundado en Ciudad Ixtepec en 2007 y hasta antes del acuerdo entre Estados Unidos y México para contener el flujo migratorio desde la frontera sur, recibía cada día un promedio de 300 migrantes. Actualmente, la cifra ha disminuido a entre 30 y 50 por día.
Confianza en el INM. Solalinde Guerra expresó su confianza en el proceso de “reingeniería” que realizará el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, con la finalidad de que la nueva política tenga un equilibrio entre la seguridad y la defensa de los derechos humanos.
“Con la reingeniería en el Instituto Nacional de Migración, México contará con una política migratoria que garantice los derechos humanos de los extranjeros y poco a poco terminará la pesadilla que viven las personas procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras que desean llegar a Estados Unidos”, indicó el sacerdote.
El también activista en pro de los migrantes señaló que desde un principio, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador instrumentó una política migratoria fallida que se reflejó en las decisiones “titubeantes y pendulares”, que le permitieron a Estados Unidos imponer medidas unilaterales en dicha materia.
El cura cuestionó la postura de la jerarquía católica, la que calificó de incongruente porque no ha abierto un sólo albergue en todo el territorio nacional que apoye a los migrantes con alojamiento, medicinas y alimentos: “No se puede criticar desde la comodidad de una oficina sin atender las necesidades de los migrantes y sus familias”.
Agregó que “la defensa de los derechos humanos de los migrantes ha corrido por cuenta de la sociedad civil y de los misioneros, en coordinación con algunas autoridades municipales, pero los grandes ausentes han sido los integrantes de la jerarquía católica”.