.- Ranulfo Hernández Bautista, representante de personas desplazadas de Ndoyonuyuji, así como los agentes de Mier y Terán y de Guerrero Grande, en San Esteban Atatlahuca, informaron que la asamblea general de vecinos de Guerrero Grande determinó no permitir la entrada de ninguna persona el 23 de julio próximo, luego del anuncio de 58 familias desplazadas que anunciaron su regreso, “con o sin acompañamiento” de las instancias federales y estatales.
Las familias desplazadas de Guerrero Grande, así como el presidente municipal de San Esteban Atatlahuca, Rogelio Bautista Barrios, informaron en un escrito dirigido al Defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que el 23 de julio regresará un grupo de personas a la comunidad, anuncio que generó una reacción negativa por parte de la asamblea de vecinos de esta comunidad.
Hernández Bautista acusó que estas personas que planean regresar participaron en la desaparición de Mayolo Quiroz Barrios, Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño, por quienes el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió acciones urgentes en enero pasado.
“Por lo tanto la asamblea general de vecinos de Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca, se declara en vigilancia permanente y no permitirá que ninguna persona acceda a la comunidad de Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca el día 23 de julio de 2022”.
Además, también responsabilizan a estas personas desplazadas de los homicidios de Jacinto Hernández Barrios e Isidoro Hernández, así como del saqueo y la quema de más de 100 casas, durante los días 21, 22 y 23 de octubre pasados, en Guerrero Grande y Ndoyonuyuji.
Se cansaron de esperar
Representantes de las personas desplazadas de Guerrero Grande dieron a conocer a EL UNIVERSAL que intentarán regresar a su comunidad el 23 de julio próximo, luego de esperar durante casi 10 meses para ser atendidos, sin obtener respuesta.
“Las familias decidieron que debemos de regresar a nuestras casas y a nuestra comunidad, para poder reconstruir, porque pensamos que esta todo destruido; desconocemos en qué condiciones puede estar”, señalaron.
“Hacemos responsables al gobierno del estado de Oaxaca y a la federación de las consecuencias que le llegara a suceder a cualquier vecino de la comunidad de Guerrero Grande, durante y después del retorno, debido que no se nos atendió en su momento”.
Expresaron estar cansados de esperar sin recibir ninguna respuesta favorable a su petición y agregaron que ya no aceptarán otra mesa de diálogo, ya que consideran que las autoridades seguirán posponiendo el regreso.
Desde que fueron desplazadas, muchas de las familias viven en un albergue, otras rentan casas y unas más viven con sus familiares: "Vivimos en malas condiciones, por lo que vemos la necesidad de regresar a nuestra comunidad; no sabemos en qué condiciones están nuestras casas y pertenencias, pero queremos regresar”.
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Conflicto interno y amenazas
Fue el 1 de octubre pasado cuando un grupo de personas incendió más de medio centenar de casas, tras una disputa interna en su comunidad. Ese día y los siguientes dos, decenas de familias huyeron de Guerrero Grande hacía la cabecera municipal.
A casi 10 meses del ataque, muchas de las familias siguen resistiendo en el albergue escolar indígena ubicado en la cabecera municipal de San Esteban Atatlahuca; sin embargo, otros han tenido que desplazarse a la ciudad de Tlaxiaco y a la Ciudad de México.
Dioscoro Sandoval García, agente municipal de Guerrero Grande, detalló que en el conflicto interno que sostienen, “todos somos familiares en la comunidad”, por lo que espera que en el intento del retorno no habrá represalias.
En contraste, los agentes de Guerrero Grande y Mier y Terán, así como el representante de los desplazados de Ndoyonuyuji, Ranulfo Hernández, que se oponen al regreso de las 58 familias de Guerrero Grande, denunciaron la presencia de grupos armados, detonaciones de armas de fuego y amenazas contra las personas que se refugian en el albergue del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de Tlaxiaco.
Informaron que el 22 de junio pasado, vecinos del paraje Shini Too, en la comunidad de Mier y Terán, escucharon detonaciones de arma de fuego que provenían de la comunidad de Ndoyonuyuji alrededor de las 19:00 horas, que duraron alrededor de 20 minutos.
Posteriormente, personas desplazadas de Ndoyonuyuji, que se refugian en el albergue del INPI de Tlaxiaco, afirmaron que en diversas ocasiones han visto a personas desconocidas que llegan al albergue “con la intención de causarles daño”.
Estos hechos, informaron, ya fueron denunciados ante el agente del Ministerio Público de Tlaxiaco, en la región Mixteca de Oaxaca.
Piden justicia
Finalmente, los agentes de Mier y Terán y Guerrero Grande, así como la asamblea, demandaron a la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) investigue y judicialice a los responsables de los hechos delictivos en los que desaparecieron Mayolo Quiroz Barrios, Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, así como los homicidios de Jacinto Hernández Barrios e Isidoro Hernández, y la quema de más de 100 casas en Guerrero Grande y Ndoyonuyuji.
“Para que no prevalezca la impunidad en la cual se escudan los responsables de desplazamiento forzado interno y desaparición forzada de personas, solicitando también que el gobierno del estado de Oaxaca deje de proteger a las autoridades de San Esteban Atatlahuca por conducto del secretario General de Gobierno del Estado, Francisco Javier García López, y de la Coordinadora para la Atención de Derechos Humanos, Norma Reyes Terán, personas a las que responsabilizamos de cualquier hecho violento que se llegue a dar el día sábado 23 de julio del 2022”.
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afcl
