Ante el repunte de violencia que se ha registrado en Tijuana, Baja California, las autoridades municipales impulsan una cruzada para modificar la Ley Nacional de Armas y el Código Penal para que la portación ilegal de armas de fuego se considere un delito que amerite prisión preventiva.
En los dos últimos años, esta ciudad fronteriza ha experimentado un incremento en homicidios y ocupa el primer lugar a nivel nacional de este delito cometido con arma de fuego, al sumar 942 casos entre enero y julio de este año, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Actualmente, la portación ilegal de cualquier tipo de arma de fuego no está incluido entre los delitos que ameritan prisión preventiva, por ello el cabildo de Tijuana pide reformar el artículo 19 de la Constitución, el 167 del Código de Procedimientos Penales, así como agregar un nuevo artículo en la Ley Nacional de Armas de Fuego, para que quienes sean detenidos por este delito enfrenten el proceso en prisión.
Según las cifras oficiales, entre el primer semestre de 2016 y el primero de 2018, los homicidios por arma de fuego en Tijuana se elevaron 307%, al pasar de 254 en 2016 a 780 en 2018.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el alcalde panista de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, consideró que dejar en libertad a quienes portan ilegalmente armas de fuego es un tema que afecta la seguridad nacional.
“Un ciudadano denuncia a una persona por portación de armas, la policía lo arresta y a los tres días queda libre. El policía y el denunciante quedan expuestos”, explicó el edil y señaló que es el nuevo sistema de justicia penal el principal responsable del repunte de la violencia.
Gastélum llevó la iniciativa al Senado de la República a través de Cristóbal Arias Solís, de Morena, quien se ha dedicado a temas de seguridad.
