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Cancún.- Con amparos en curso y pese a la vigencia de suspensiones que impiden legalmente la continuación de las obras del Tren Maya en el Tramo 5 Sur , paralizadas de Playa del Carmen a Tulum por orden de un juez federal, los trabajos reiniciaron desde el fin de semana pasado en parte del trazo, a la altura de Xpuha, denunció hoy la organización Greenpeace-México.
Cuatro maquinarias avanzaron sobre la selva para abrir una extensa brecha de 60 metros de ancho, en una zona localizada entre las localidades de Puerto Aventuras y Akumal, desmontando vegetación en tan solo tres días, de acuerdo con lo confirmado a EL UNIVERSAL por pobladores de los ranchos localizados en la localidad de San Carlos, ubicados a los costados de una vía de acceso que va de la carretera federal 307 hacia el interior de la selva, a unos 5 kilómetros en promedio.
La casa de Genoveva está en pleno trazo. Ella migró de Cárdenas, Tabasco, a Quintana Roo, hace más de 20 años y se asentó en Puerto Aventuras, municipio de Solidaridad. Desde hace 11 años se hizo de un terreno en “El Cascabel”, localidad de San Carlos, en donde comenzó a edificar su modesta vivienda, que habita desde hace siete meses.
“Estaba por ponerle techo cuando me dijeron que venía lo del Tren Maya y ya mejor lo dejé”, dice en entrevista mientras empleados de la constructora entran y salen para comprarle agua fresca, refrescos de cola, frituras o galletas.
El viernes a mediodía vio cómo maquinaria pesada entró para abrir la extensa brecha y “rapidito desmontaron todo” para el sábado.
A pregunta expresa, responde que ninguna autoridad se ha acercado a informarle cuál será el destino de su vivienda, ni de ella. Solo los empleados de la constructora le comentaron que la tienen que reubicar, dar un terreno o darle una casa.
Genoveva no tiene papeles, porque la persona que le intercambió un terreno por este que habita no le ha dado escrituras o títulos que la amparen ante un desalojo. Sin embargo, confía en que “no me jueguen mal”.
“Yo prefiero que me reubiquen, que me hagan mi casa y si me la hacen mejor, sería mejor que la hicieran más bonita, pero hasta ahorita no me han venido a ver. Pero no deben tardar, si andan muy apurados”, expresa y agrega que del Tren Maya, “ni idea (…) ni siquiera me imagino de qué color va a ser, pero no pierdo la fe”.
Esta mañana, activistas de la agrupación se presentaron en el sitio y colocaron una estructura inflable a manera de salvavidas gigante con las letras S.O.S., acompañado del mensaje: “Protejamos la selva maya” sobre el trazo devastado y demandaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el freno inmediato y definitivo de las obras, al ser ilegales.
“En el marco de la campaña ‘Protejamos la selva maya’, pedimos al presidente que detenga estas obras ilegales, porque están reanudando operaciones cuando tienen más de una suspensión judicial.
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“Entonces es por eso que es ilegal, siguen violando la ley, porque además están violando la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y están pasando por derechos humanos de la gente, como el derecho a la salud, al agua”, indicó Viriadana Lázaro Lembrino, de Greenpeace-México.
Esta acción pacífica fue observada por empleados de una empresa particular, que pararon los trabajos ante la presencia de las y los activistas. Entre ellos había ingenieros que no precisaron si laboran para Acciona- Grupo México, empresa que originalmente ganó la licitación de la obra en ese tramo.
Ocurre que ha trascendido que el gobierno federal decidió cancelar anticipadamente el contrato con Acciona-Grupo México para que sea la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que se encargue de los trabajos, subcontratando a su vez a otras compañías.
De este modo, el Ejército tendrá la tutela del tramo entero, que va de Cancún a Tulum y se dividió en dos: Tramo 5 Norte –de Cancún a Playa del Carmen– y Tramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum, pero subcontratando las obras a empresas particulares.
En entrevista con este diario, Lázaro Lembrino enumeró las violaciones cometidas por el gobierno federal para sacar adelante la construcción del megaproyecto en el Tramo 5.
El inicio de obras y la devastación de la selva –desde febrero– en el Tramo 5 Sur, sin estudios, ni Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) evaluada, misma que fue presentada de forma extemporánea, violentando así el principio precautorio de la LGEEPA y del propio Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA).
La realización de una consulta y reunión públicas luego de haberse cometido un delito ambiental con el inicio de obras no autorizadas; las omisiones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que no clausuró los trabajos pese a las denuncias; y la autorización del proyecto en ese tramo, pese a que ésta debió negarse.
“Nosotros en Greenpeace México hicimos una revisión de la MIA y encontramos información falsa y omisión de información muy importante”, dijo.
Ahora, a todo lo anterior se suma la reanudación de los trabajos, habiendo suspensiones judiciales vigentes y sin que el Juzgado Primero de Distrito radicado en Mérida, Yucatán, haya resuelto los amparos en curso.
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La activista consideró que, con ese cúmulo de elementos, el Juzgado Primero tiene suficientes elementos para resolver de fondo y otorgar el amparo a las y los ciudadanos que han promovido diversas demandas, pese a las declaraciones hechas por el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, quien sostiene que ya pueden retomar las obras.
“Lo que tendría que ocurrir es que el juez garantice los derechos humanos y proteja el medioambiente (…) tenemos esperanza de que el Poder Judicial pueda ser un contrapeso al gobierno federal y que de esta manera se garanticen los derechos de las personas. Esperamos que se cumpla la ley”, señaló.
Lázaro Lembrino confirmó que, además, las obras en el Tramo 5 Norte ya comenzaron también, aún cuando la MIA correspondiente apenas fue ingresada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) , el pasado 15 de julio, de acuerdo con la Gaceta Ecológica de la dependencia.
“Se vuelve a repetir la historia. Entramos en ilegalidades, violando las leyes medioambientales y los derechos humanos”, sostuvo.
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