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LA PAZ, BCS.- El anestesiólogo de Los Cabos, Baja California Sur, Darwin Aguirre Castro, investigado por la Fiscalía General de la República e imputado por la compra fentanilo de uso médico, logró un amparo para la suspensión de la prisión preventiva oficiosa decretada por un juez federal.
Según comunicó la defensa jurídica del doctor, esta noche se notificó que se le concedió un amparo por lo que “se suspendió la absurda medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, indicó el abogado Antonio Juárez Navarro.
Refirió que con lo anterior, el médico ya no deberá presentarse en 36 horas que ordenó el juez para ser encarcelado y podrá esperar a la siguiente audiencia.
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“Mañana tendremos a las 10 am una audiencia para una nueva revisión y análisis de la medida cautelar”, expuso en un breve comunicado.
Ayer el juez de control, en audiencia inicial dictó la medida cautelar, misma que fue considerada “absurda y violatoria de derechos humanos y de la presunción de inocencia”, según consideró la defensa.
Por lo anterior, solicitaron un plazo de 144 horas para presentar pruebas y continuar con la audiencia el día martes; no obstante, a la par se interpusieron recursos para revocar esta medida.
El abogado explicó a EL UNIVERSAL que al considerar esta medida exagerada, incluso que va en contra de las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha pedido al Gobierno de México que se abstenga de aplicarla, toda vez que está en desuso, también interpusieron varios recursos legales.
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“Nos parece absurda la medida por que el doctor siempre ha cumplido con sus obligaciones procesales. No existe ninguna situación que justifique la decisión del juez y por eso es consternante para la sociedad y para el gremio médico y usuarios de servicios médicos”, dijo en entrevista la mañana de este viernes.
Y es que el doctor fue citado ayer para la audiencia inicial y continuaría el próximo martes, pero el juez decidió decretar la prisión preventiva, situación que sorprendió y generó descontento y reacciones en el gremio médico nacional.
Su defensa insistió en que la autoridad judicial pudo haber decretado otra medida, dado que el doctor no tiene antecedentes penales, y siempre ha cumplido con lo solicitado por la autoridad -afirmó-. Por ello, recalcó que el caso pareciera ya una “persecución” y lamentó el impacto que puede tener para todo el gremio médico.
