Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
“Antes era normal que las mujeres no fueran a la escuela, sólo los hombres, yo soy de esas mujeres. Ahora, a punto de morir, ya no me interesa aprender”, dice Antonia Ruiz Martínez, quien dedicó su vida al comercio y a sus hijos.
Desde Juchitán, la tierra que la hizo brotar a la vida, esta mujer zapoteca de 79 años considera que ya no siente la necesidad de aprender a leer y escribir, como cuando era niña y “tenía ganas de ir a la escuela”. Hoy piensa que, pese a ser analfabeta, logró sacar adelante a sus dos hijos y construir un pequeño patrimonio.
Antonia pertenece a los más de 4 millones 700 mil mexicanos que no saben leer ni escribir, según la última Encuesta Intercensal, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015.
“Me han dicho si me enseñan, pero para qué (…) No sabemos leer, pero no somos ignorantes ”, afirma al explicar por qué ha optado por no alfabetizarse en su adultez.
Según especialistas, Antonia cumple con un perfil de vulnerabilidad que tienen miles de mujeres en México y que violenta sus derechos fundamentales: es mujer, indígena, de la tercera edad y analfabeta.
Al respecto, la directora general del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) de Oaxaca, Miriam Liborio, es clara: siete de cada 10 hablantes de lengua indígena en Oaxaca están en rezago educativo.
“Son casi 650 mil indígenas. En Oaxaca 55% de las personas con rezago educativo son mujeres (…) nuestro estado tiene una radiografía muy compleja y los roles de género tienden a tener un tema cultural basado en el patriarcado”, explica.
El problema es de fondo, dicen especialistas. Las mujeres analfabetas, muchas veces no saben que tienen derecho a la educación sin importar su edad, género y origen.
“La educación es un derecho humano. Las instituciones encargadas de hacer cumplir este derecho, no lo hacen, es una violencia del Estado”, señala Rosario Rivera, responsable del cuerpo académico de Educación de Jóvenes y Adultos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
La violencia contra las mujeres en condición de analfabetismo no se restringe al acceso o no, ni a los usos y costumbres. También está relacionada con poder ser alfabetizadas en su lengua, ya que muchas son monolingües.
Para Cirenia Pineda, una mujer mazateca del municipio de Santa María Chilchotla, las cosas no fueron más fáciles. Con alegría una mañana contó a una de sus hijas que ya sabía escribir su nombre, pero a veces se le olvidaba.
Ella siempre ha pensado, soñado y hablado en su lengua materna, pero al intentar tomar clases, se vio expuesta a aprender el “alfabeto castellano”: “Tengo mis cuadernos y la maestra me enseñaba, pero tengo la cabeza muy dura y las cosas no se me quedan”, dice Cire, de 89 años, quien optó por dejar “de ir a la escuela”.
Al respecto, Rosalba Canseco, también académica de la UPN y especialista en alfabetización, señala que para brindar mejor atención a esta población es necesario que la Federación invierta más: “Mientras no se aumente el presupuesto, el INEA seguirá siendo una institución elefante blanco, sin razón ni sentido (…) es muy lamentable que no se pueda atender el rezago educativo por presupuesto e interés”.
En 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinó 2 mil 548 millones de pesos para la educación de los adultos, que incluye alfabetización de la población de 15 años o más, así como brindarles estudios de primaria y secundaria. Es un avance, pues esa cifra significó un aumento sobre los 2 mil 465 millones que destinó el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2018.
De acuerdo con lo planteado en las reglas de operación del INEA para 2019, los recursos destinados al instituto serían invertidos en la atención de 741 mil 137 personas que necesitaran aprender a leer y escribir, o bien, concluir su primaria o secundaria. La cifra contrasta con los más de 4 millones de hombres y mujeres analfabetas que reporta el Inegi.
Para el año que está por comenzar, la cifra para la educación de los adultos aumentó. Según el Presupuesto de Egresos 2020, al instituto se le otorgarán 2 mil 665 millones de pesos para su operación, de los cuales sólo 121 millones están etiquetados específicamente para el desarrollo integral de los pueblos indígenas.
“Es un derecho para las personas analfabetas saber leer y escribir en su lengua materna (...) El derecho a la educación de personas jóvenes y adultas sigue figurando una deuda pendiente en nuestro país y lo seguirá siendo mientras no se invierta y se profesionalice la formación de educadores de adultos. Las personas jóvenes y adultas merecen tener la oportunidad de acceder al conocimiento”, remata Rosalba.