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La Paz.- Autoridades en Baja California Sur confirmaron que ampliaron el acceso gratuito y seguro a la interrupción legal del embarazo (ILE) a centros de salud en tres municipios del estado.
Eduardo Bastidas Buelna, responsable del Programa de Violencia de Género y Aborto Seguro, confirmó que se amplió el servicio a 14 centros de salud, en La Paz, Los Cabos y Comondú, que se suman a los hospitales estatales donde ya se proporciona esta atención desde hace más de un año.
Declaró que en estos centros, las intervenciones se proporcionan en el esquema farmacológico a las pacientes que tienen hasta 12 semanas de gestación, de acuerdo a lo que se prevé en la reforma aprobada en el Congreso local en 2022 a la Ley estatal de Salud. En el caso de otros métodos de interrupción se siguen realizando en unidades hospitalarias.
El personal que atiende esta unidades de salud y a las mujeres que solicitan el servicio –aseguró– recibieron una capacitación durante el año pasado, y también se abastecieron ya estos centros con los medicamentos que generalmente son empleados para iniciar el procedimiento.
Recordó que únicamente se les pide a las usuarias que acudan que ya cuenten con un ultrasonido, para seguridad de ellas mismas.
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Bastidas Buelna remarcó que el método a seguir lo determina el personal médico que brinda la atención a la usuaria que llegue a cualquiera de estos centros, y en consenso con ella, considerando sus condiciones médicas, factores de riesgo y la edad gestacional.
Añadió que a las usuarias se les solicita presentar una identificación oficial en original y copia, comprobante de domicilio y llenar una solicitud con firma de consentimiento informado.
En junio de 2022 fue armonizada la legislación local para permitir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Desde entonces, colectivos feministas han remarcado la necesidad de que las autoridades concreten acciones para que la ley se cumpla y se facilite el acceso.
Uno de los reclamos persistentes de colectivos es la capacitación insuficiente al personal, derivado de que se han identificado prácticas intimidatorias.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha enfatizado también la necesidad de que la SSA en BCS facilite el acceso de la ILE en el caso de adolescentes que lo soliciten.
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