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Monterrey.- La justicia federal amparó al diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña , contra el acuerdo del Congreso de Nuevo León, que el pasado 23 de septiembre lo declaró persona no grata, igual que al historiador Pedro Salmerón Sanginés , por secundar un comentario en redes sociales en el que señaló que eran un puñado de jóvenes valientes los guerrilleros que participaron en el intento de secuestro que culminó con la muerte del empresario Eugenio Garza Sada, en septiembre de 1973.
Tras el amparo promovido el 1 de octubre por los abogados Luis Gerardo Vázquez Payán, Rafael Ornelas Gaytán y José Manuel Cardona Monreal, ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, la legislatura local deberá revocar el acuerdo que el 23 de septiembre de 2019 votaron a favor las bancadas del PAN, PRI, MC, PVEM, Panal, y los diputados de Morena, Beatriz de los Santos, Marco Antonio González, Melchor Heredia y Celia Alonso.
Ante la propuesta impulsada por Acción Nacional contra Fernández Noroña y Salmerón, los morenistas Luis Armando Torres y Julia Espinosa fueron los únicos que la rechazaron.
Asimismo, se abstuvieron Asael Sepúlveda, Guadalupe Rodríguez y Zeferino Juárez Mata, que se unió a préstamo a la bancada del PRI, sólo para que este partido pudiera arrebatar a Morena el control administrativo del Congreso.
Como consecuencia del amparo concedido por el juez Miguel Ángel Luna Gracia, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo Coahuila, el Congreso deberá notificar sobre la revocación del acuerdo a los poderes ejecutivo y judicial del estado, así como a los 51 municipios de Nuevo León.
Durante la sesión donde se aprobó el punto de acuerdo, el panista Luis Susarrey expuso que “personajes como Salmerón y Gerardo Fernández Noroña deben ser castigados y exhibidos, así como todos aquellos que enaltezcan la violencia, y con sus palabras conduzcan a la polarización y a la división entre los mexicanos”.
“Somos muchos los que pensamos que insultos como los de ustedes, al llamar valientes a los cobardes asesinos de don Eugenio (Garza Sada), los convierte en personas no gratas para Nuevo León ni para México", agregó.
El panista recibió el respaldo de Beatriz de los Santos, de Morena, quien recordó que ella había propuesto previamente que el nombre de Eugenio Garza Sada fuera escrito con letras áureas en el recinto legislativo, porque “para nosotros sigue vivo, por su gran ejemplo y aporte a favor de las empresas y de los trabajadores”.
En su informe justificado al juzgado federal, el Congreso alegó que la expresión “personas no gratas”, no conllevaba ningún efecto jurídico que impusiera sanciones de algún tipo, y no debería otorgársele más relevancia que la de una expresión de crítica pública en el marco de una polémica sobre un tema de interés general.
Argumentaron que en ningún momento violaron o restringieron la libertad de expresión de Salmerón y Fernández Noroña, que es protegida por el artículo sexto constitucional, aunque sus afirmaciones “al ser justificantes de actos de violencia, no deben protegerse constitucionalmente”.
Sin embargo, la justicia federal estimó que el acuerdo aprobado por el Congreso, en contra del diputado federal y el historiador sí contraviene el artículo sexto constitucional, ya que volvió una declaración púbica un objeto de inquisición, y pretendió obtener su eliminación, retiro o retractación, “en franca contravención a dicha disposición constitucional, pues no existe norma alguna que así se lo permita”.
Por tanto, señaló, el Congreso de Nuevo León no puede erigirse en un órgano que pueda tomar un acuerdo parlamentario para generar actos de reproche, molestia o prevención a un ciudadano, y por el cual reprueba abiertamente un comentario hecho por el quejoso, al tiempo de calificar su declaración como ofensiva, y al propio ciudadano como no grato ni en la ciudad de Monterrey ni en todo el país, exigiéndole retractarse y ofrecer una disculpa pública, sin fundamento alguno, tergiversando la naturaleza de sus atribuciones, y erigiendo sus acuerdos en una especie de inquisición o de restricción a la libre expresión de las ideas.
Sobre esta resolución, Luis Gerardo Vázquez Payán, dirigente del colectivo Regeneración Ciudadana, comentó que pone una vez más en evidencia la arbitrariedad, ineficiencia, falta de estudio y preparación con la que se ha conducido el Congreso del estado.
Agregó que las carencias del Poder Legislativo se hicieron evidentes por la declaración de ilegalidad del procedimiento de sanción instituido por el Congreso local en contra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, como determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación , y por el incumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida para la restitución del magistrado, Ángel Mario García, que ha colocado a los legisladores al borde de la destitución.
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