Más Información
Durante su informe “Entre balas y olvido” , presentado en la ciudad de Chihuahua, Amnistía Internacional mencionó que en el homicidio de Julián Carrillo , ocurrido el pasado 24 de octubre , quedó de manifiesto la ineficiencia y la incapacidad de los estados para proteger a quienes son blanco de la delincuencia organizada por sus labores de activismo social.
A tres meses del asesinato de Julián Carrillo, Ericka Guevara Rosas , directora para las Américas de Amnistía Internacional , presentó el informe “Entre balas y olvido” el cual hace referencia a la ausencia de protección a personas defensoras de la Sierra Tarahumara, en el cual destacó que las personas indígenas Rarámuri de Coloradas de la Virgen han enfrentado por años una serie de ataques y amenazas debido a su labor en defensa de derechos humanos y de su territorio ancestral.
Guevara Rosas aseguró que el artero ataque del que fue víctima Julián Carrillo es la evidencia más palpable e inaceptable del fracaso de las autoridades mexicanas de cumplir su obligación de garantizar la protección efectiva frente a todo tipo de violencia, amenaza o represalia resultante de su labor en defensa de los derechos humanos, además destacó que la familia del activista indígena ha tenido que vivir el duelo en el exilio, a la distancia y en condiciones que violentan el dolor que atraviesan.
Pese a que en sus más recientes declaraciones, el gobernador Javier Corral aseguró que había avances significativos en relación a este homicidio, AI destacó que a tres meses de su asesinato, las autoridades mexicanas aún no han identificado a los responsables para llevarlos ante la justicia, por lo que Guevara hizo un enérgico llamado al Estado mexicano para tomar medidas urgentes para acabar con la impunidad de este y otros ataques registrados en el mismo territorio.
La directora de AI afirmó que este informe es una radiografía de cómo la ausencia de protección del Estado ha dejado en el abandono a personas defensoras de los derechos humanos, especialmente a quienes defienden a los pueblos indígenas.
Señaló que el caso de Julián Carrillo comprueba la impunidad en torno a estos crímenes, pues solo en América Latina se registran 250 casos de asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales solo 7 se han investigado y 2 judicializado.
Desde 2014, Carrillo era beneficiario del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas a cargo de la Secretaría de Gobernación, no obstante, Amnistía Internacional pudo comprobar que el análisis elaborado por las autoridades falló en atender el contexto de pobreza, marginación, discriminación, falta de acceso a servicios básicos, presencia del crimen organizado y las dificultades para acceder a la Sierra, por lo que las medidas fueron inadecuadas e ineficientes para la protección del activista.
afcl
