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Unas horas después de tomar protesta como Presidente el 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador fue objeto de un ritual en el Zócalo de la Ciudad de México, en el cual representantes de pueblos originarios le hicieron entrega de un bastón de mando, símbolo de poder comunitario.
La ceremonia parecía poner en un lugar protagónico a las naciones indígenas, un sector poblacional por décadas olvidado y con el cual, aseguró el Ejecutivo, existía una “deuda histórica”.
A un año de distancia, el gobierno federal mantiene una postura ambigua respecto a los pueblos originarios, pues aunque están presentes en su discurso y en el uso de sus símbolos, no se vislumbra una verdadera escucha en proyectos que pueden afectar su vida comunitaria y su territorio, asegura Fabián Bonilla, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Esta ambigüedad, explica, radica en que aun cuando hay “una narrativa de reconocimiento”, también han exisistido disputas y tensiones con organizaciones dentro del ámbito de los pueblos que se oponen a proyectos insignia, como el Tren Maya.
Como ejemplo, menciona las confrontaciones que el Mandatario ha tenido con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que públicamente se ha manifestado contra el tren en la península de Yucatán.
“Por un lado hay un cambio en las política públicas que parecieran ofrecer alternativas de activación económica, pero por otro se continúan con los proyectos extractivistas, en los que no se ha tomado en cuenta a los pueblos y sólo pretende remediarse a tráves de consultas”, señala.
Para el también doctor en Ciencias Sociales por la UAM, perteneciente al pueblo Ñu Savi de Oaxaca, otro de los aspectos a destacar en este primer año es el enfoque “paternalista” o “asistencialista” que recuerda al indigenismo de los años 30 y 40, pero que ahora aprovecha la cultura, los territorios y los elementos simbólicos de los pueblos para generar beneficios de acuerdo a parámetros del modelo neoliberal, por ejemplo, en el Tren Maya con el turismo.
Ante ello, Bonilla explica que la 4T tiene el reto de desarrollar un modelo de comunicación, en el que se priorice la escucha a los pueblos, pues por ahora el Presidente es el único emisor y su voz silencia a la de las comunidades.
Hugo Aguilar, coordinador de Derechos Indígenas del INPI, no comparte esta postura. Asegura que en el primer año de la 4T se ha buscado terminar con el enfoque “economicista” del pasado, que consistía en un asistencialismo sin incidir en aspectos estructurales que mantienen en marginación a las comunidades.
Ahora, dice, se ha priorizado un enfoque de derechos y aunque reconoce que “no se ha alcanzado una realizacion plena”, ya se puede vislumbrar una “nueva relacion del Estado con los pueblos indígenas”, como prometió el Presidente, “una relacion de respeto sobre sus derechos colectivos ”.
“El ejemplo más exitoso es la asignacion directa de recursos. Según el enfoque anterior, las comunidades no tenían capacidad de administrar recursos del Estado. Ahora se les ha reconocido en programas como los caminos a cabeceras municipales. Los pueblos los sienten suyos y el recurso ha quedado en manos de los propios lugareños”, asegura.
