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Playa del Carmen.— Ambientalistas que se oponen a que el Tren Maya atraviese la selva de la Riviera Maya denunciaron que han sido amenazados y solicitaron a autoridades federales ingresar al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos, a cargo de la Secretaría de Gobernación.
La espeleóloga Tania Ramírez González y el fundador de la organización Jaguar Wildlife Center, Raúl Padilla Borja, expresaron preocupación por su seguridad, ya que 2021 fue el año más violento para las personas y comunidades defensoras del medio ambiente en México, de acuerdo con el último informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Ramírez González, quien ha evidenciado la afectación ambiental en el Tramo 5 (de Cancún a Tulum), informó que es intimidada a través de mensajes de desconocidos que le llegan diariamente.
“Hay días muy malos cuando recibes amenazas al ser activista. Me mandan mensajes horribles y ni me conocen”, indicó.
Para documentar la situación, personal de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), estuvo en Quintana Roo a principios de esta semana y se reunió con 10 representantes de colectivos y asociaciones civiles.
El naturalista, Raúl Padilla Borja —quien consideró que el Tramo 5 no es viable por el impacto que causará a cuevas, cenotes y selva, en la que habitan flora y fauna única de la región—, afirmó que teme por su seguridad, porque México no es un país fácil para vivir defendiendo el medio ambiente.
Padilla Borja comentó que algunos ambientalistas, como él, todavía no están dentro del mecanismo de protección; otros compañeros suyos ya fueron inscritos. “Mis compañeros del Jaguar Wildlife Center ya [se inscribieron], yo creo que soy el último que va hacerlo”, afirmó.
Enfatizó que lo único que pretenden las y los activistas ambientales es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reaccione.
El Cemda documentó 25 ambientalistas asesinados en 2021, siete más que en 2020, principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Sonora y Morelos, los más peligrosos para este sector.
En su informe presentado en marzo, reportó 238 agresiones, donde la intimidación es la más común, esto es casi 165% más que durante el año 2020.
