Chilpancingo.— Se cumplieron ayer 10 días de que mil 500 trabajadores, entre policías ministeriales, agentes del Ministerio Público y peritos de 21 agencias iniciaron un paro de labores, para exigir el pago de un bono de riesgo y aumento salarial.
Las 21 agencias del Ministerio Público, especializadas y coordinaciones periciales, representan 30% de la estructura operativa de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero.
Ayer, unos 100 agentes de la Unidad Especializada para el Combate al Secuestro (UECS) dieron como plazo el próximo martes para que se llegue a un acuerdo, de lo contrario, señalan que se unirán al paro.
Desde la semana pasada, las instalaciones centrales de la FGE, en Chilpancingo, y otras 21 agencias están tomadas por trabajadores, quienes exigen el pago de un bono de riesgo de 250 pesos diarios y un aumento salarial de 50%.
Tanto el pago como el aumento —dicen— fueron acuerdos que tomaron en julio de 2017 con el gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Sin embargo, el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Tulio Pérez Calvo, ha dicho que no hay dinero para cubrir el bono y el incremento salarial, porque en el presupuesto de la fiscalía no fueron contemplados esos recursos.
En los últimos años, en Guerrero el promedio anual es 2 mil asesinatos. En 2018, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) fueron 2 mil 472 homicidios dolosos, es decir, la FGE tiene que realizar el mismo número de investigaciones.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado ha sido una de las peores evaluadas en los últimos años, de acuerdo con un informe de la organización Impunidad Cero.
Una de las causas de las deficiencias de la FGE es la falta de equipamiento. Por ejemplo, los peritos han denunciado que no tienen ni para guantes para recoger los cuerpos de personas asesinadas en el contexto de violencia que se vive en la entidad.
