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Xalapa.— La mayoría de diputados de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) reformaron la Constitución estatal para facilitar la destitución del fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, amigo personal del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.
Con 39 votos a favor (de un total de 50), otorgaron facultades solamente al Congreso del estado para designar y remover al fiscal, sin necesidad que el caso sea analizado por magistrados del Poder Judicial del estado.
Para impulsar el juicio político en contra del funcionario se requería ser aprobado por el Congreso y por integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; sin embargo, esta última etapa fue eliminada.
El dictamen avalado por el pleno será turnado a los ayuntamientos para que sus respectivos cabildos sesionen y lo aprueben, ya que se requiere que más de la mitad (113 comunas) den su visto bueno.
La reforma se da un día después de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez (Morena) acusó al ex mandatario panista Miguel Ángel Yunes Linares y al fiscal de ser los responsables de la liberación de ex funcionarios duartistas.
Señaló que Yunes y Winckler pretendieron ganar votos con una mentira, fingiendo condenas para quienes cometieron delitos que van desde la corrupción hasta la desaparición forzada.
Da la cara. El fiscal general denunció que a partir del nuevo gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, la puerta del penal de Pacho Viejo se abrió de par en par para que salieran los ex funcionarios duartistas acusados de enriquecimiento ilícito y desaparición forzada.
En conferencia de prensa, dijo que hay quienes quieren engañar al pueblo veracruzano al señalar que el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, fue absuelto, lo cierto es que seguirá su proceso penal y advirtió que acudirá a instancias internacionales en caso de que a nivel local quiera darse impunidad a estos ex funcionarios.
“Escucho que hay gente que quiere engañar a los veracruzanos señalando que fue absuelto y es una vil mentira, porque sigue acusado por el delito de lesa humanidad (...) Nadie los ha absuelto, pero les han variado la medida cautelar”.
Recordó que acusaron al ex funcionario de ser el presunto responsable de una estrategia sistemática para la desaparición de personas, orquestada desde la titularidad de la Secretaría de Seguridad, y que existen datos de prueba y señalamientos directos en contra de Bermúdez Zurita por parte de víctimas sobrevivientes e incluso de sus cómplices.
Winckler Ortiz aseguró que con la llegada de un nuevo gobierno hubo un cambio de criterios judiciales, y acusó al mandatario de pretender justificar el cambio de medida cautelar diciendo que la desaparición forzada no es delito grave.
