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CUERNAVACA, Mor.- Del 14 de junio al 27 de agosto de este año iniciarán los trabajos de inhumación de 600 cadáveres acopiados en los tres Servicios Médicos Forenses (Semefos) del estado, en calidad de desconocidos.
Así lo confirmó la vocera de la asociación civil “Regresando a Casa Morelos”, Angélica Rodríguez Monroy y señaló que el confinamiento digno de los cadáveres se logró después de una reunión con autoridades estatales, en la cual acordaron sostener un segundo encuentro en esta semana, porque en la pasada no se especificó sobre la participación de los familiares de víctimas.
Desde la ofrenda de las víctimas, instalada en las puertas de Palacio de Gobierno, dijo que buscan garantizar su participación en estos trabajos y la de un perito independiente, porque los cuerpos están en calidad de desaparecidos y es necesario verificar que se cumpla con todos los protocolos, debido a que no se toma muestra genética o se realiza solo cuando algún familiar acude a reclamar.
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Rodríguez Monroy señaló que el proceso de inhumación de cuerpos que se encuentran en las cámaras frigoríficas es un avance, pero hace falta la validación de 84 cuerpos que se exhumaron de la fosa de Jojutla en 2017, ya que ninguno ha sido regresado a casa.
Los integrantes del colectivo también exigieron la elaboración y publicación de un plan de exhumación en el cual se incluya los mapas de todas las fosas comunes en Morelos.
La historia de los cuerpos catalogados como desconocidos o no reclamados data de mayo de 2013 cuando el comerciante Oliver Wenceslao fue secuestrado y asesinado por sus raptores. Su cuerpo sin vida fue localizado en junio de ese año y su familia lo identificó, pero la entonces Subprocuraduría de Justicia argumentó que se requerían otras pruebas periciales para la entrega del cuerpo.
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Un mes después lograron acreditar el 99.99% de probabilidad de la prueba de parentesco y hasta marzo de 2014 las autoridades ordenaron abrir una fosa común , situada en un campo ejidal del poblado indígena de Tetelcingo, en Cuautla, oriente del estado.
En esa fosa inhumaron 105 cadáveres, incluidos los restos de Oliver, y a partir de ese momento comenzó la lucha de los familiares por identificar los restos humanos, con la esperanza de encontrar a sus familiares reportados como desaparecidos.
Tres años después las organizaciones civiles supieron que la Fiscalía General del Estado tenía otra fosa común, presuntamente irregular, en un panteón del municipio de Jojutla, sur del estado.
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En ese año, 2017, las autoridades federales y estatales exhumaron 84 osamentas, correspondientes a víctimas de la violencia cuyos cuerpos no fueron reclamados o llegaron en calidad de desconocidos.
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