Oaxaca de Juárez.-  El gobernador Salomón Jara Cruz  (Morena) aseguró que la suspensión concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la (TJAO) se fundamenta en “supuestos falsos y contradictorios” y aseguró que la información dada a conocer fue imprecisa, puesto que el nuevo órgano no ha sido frenado.

Además, adelantó que el gobierno de Oaxaca, a través de su Unidad de Inteligencia Patrimonial, investigará al expresidente y exmagistrados del desaparecido órgano para que expliquen porque su patrimonio no coincide con lo que ganaban, por lo que no descartó denuncias penales en su contra.

Este lunes, durante su conferencia de prensa semanal, Jara insistió que en realidad la Corte rechazó la controversia contra el decreto de la reforma constitucional  que crea el nuevo Tribunal de Justicia y Combate a la Corrupción y y negó la suspensión contra la designación de nuevos magistrados. Tras ello, el mandatario señaló a medios nacionales como EL UNIVERSAL por la “amplia difusión” que dieron a la suspensión otorgada por la SCJN.

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“Pese a las imprecisiones del comunicado de la Corte, la determinación de la Comisión de Receso no significa un revés para nuestro gobierno, por el contrario, el recurso jurídico interpuesto por quienes quieren mantener su régimen de privilegios e impunidad, nos da la oportunidad de exponer ante el máximo tribunal del país nuestros razonamientos jurídicos”, dijo.

Además, adelantó que presentará a los ministros de la SCJN la evidencia sobre “la corrupción, los lujos y la ineficiencia y la necesidad de transformar este tribunal estatal. Por ejemplo, mencionó que se localizaron más de 8 mil expedientes rezagados, mismo que no figuraban en el portal de transparencia, así como “décadas de juicios archivados y sentencias a modo, miles demandas congeladas por años y resoluciones expeditas cuando había ganancias de por medio”.

Al respecto aseguró que había trámites que se resolvían de manera “urgente”, cuando estos representaban alguna ganancia para los magistrados. “En el año 2020 el erario público perdió 500 millones de pesos. Sólo en uno de esos juicios, la sentencia de ese tribunal que hoy defiende su vigencia fue de 272 millones de pesos, a favor de una empresa vinculada a Jorge Castillo, amigo de Gabino Cué”.

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Van contra ex magistrados

Jara acusó directamente a Manuel Velasco Alcántara, quien presidía el extinto tribunal, de ganar 300 mil pesos, más que el Presidente de la República y de , en las cuales se localizaron “pieles exóticas”.

“Más de 30 millones al año del presupuesto en pagos a magistrados que ganan 200 mil pesos al mes, cuando el presupuesto total del tribunal era de 48 millones, 68% era el pago en nómina, es una grosería”, afirmó.

Y recordó que el ahora expresidente del tribunal tiene en su contra cuatro carpetas de investigación por el delito de fraude, pues creó una asociación civil para hacer trámites a cambio de dinero, sin resolver nada, por lo que aseguró que es “una fichita” con largo historial, amigo cercano del exgobernador José Murat (PRI).

Además aseguró que las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGEO) no son revanchismo político sino que son fruto de las acciones de este órgano jurisdiccional

El gobernador dijo que se está construyendo la respuesta a la Corte, que se va a litigar e insistir en la necesidad de transformar al Poder Judicial. “Presentaremos nuestros argumentos  y evidencias ante la Corte y, en ejercicio de nuestras atribuciones legales, procederemos a través de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y no descartamos proceder a través de la vía penal”.

Lo anterior, argumentó, porque los exfuncionarios del extinto tribunal tendrán que explicar a la justicia y al pueblo de Oaxaca “por qué su patrimonio no coincide con sus ingresos”.

Este lunes esta casa editorial dio a conocer que la publicación en el Periódico Oficial del Estado de la reforma a la Constitución Política de Oaxaca que extingue el anterior tribunal administrativo, destituye a sus 12 magistrados y crea un organismo nuevo, se dio en medio de una serie de irregularidades  que incluyen un retraso de cinco días en su aparición electrónica e impresa, un proceso “urgente" que se concretó en tres horas e incluso el reconocimiento de legisladores morenistas  de que dicho decreto no se publicó el día que afirma el gobierno oaxaqueño.

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rdmd

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