Cancún.- Comunidades y organizaciones civiles se alistan para la realización de la Caravana “El Sur resiste 2023”, del 25 de abril al 4 de mayo, que tendrá sedes en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo que incluye el sexto y séptimo encuentro internacional, el 6 y 7 de mayo, en San Cristóbal de las Casas.
La caravana de 10 días busca recorrer los territorios afectados por los megaproyectos Tren Maya y Corredor Interoceánico para difundir entre las comunidades indígenas los impactos socioambientales y bioculturales de los megaproyectos, cuyo desarrollo ha traído consigo la militarización de la región, el aumento de los índices de criminalidad, la presión sobre el recurso hídrico, que cada vez se ve más mermado; y la confrontación entre miembros de las comunidades.
A decir de las organizaciones convocantes y receptoras, estos megaproyectos, sumados a parques eólicos, las granjas porcícolas y el turismo masivo, se vinculan a un solo proyecto de reordenamiento del territorio del Sur-Sureste de México, aprovechando los reacomodos políticos de Estados Unidos, que busca instaurar una nueva frontera comercial.
Ángel Sulub, del Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’balo’on- Raxalaj Mayab’, indicó que una de las cuatro sedes que la caravana tendrá en la Península de Yucatán, será el municipio maya de Felipe Carrillo Puerto, en la zona sur de Quintana Roo. Las otras son Candelaria e Xpujil, en Campeche y Valladolid, en Yucatán.
Desde Carrillo Puerto, en donde también se construirá el Aeropuerto Internacional de Tulum y una Base Militar, se intentará visibilizar la violación a los derechos fundamentales de los pueblos originarios, por parte del desarrollo de megaproyectos como el Tren Maya.
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Ahí y en las sedes de Campeche, se pretende evidenciar la afectación de la agroindustria, mientras que en Yucatán, el daño de las granjas porcícolas, que recientemente ha derivado en conflictos graves y violaciones a derechos humanos en localidades como Sitilpech.
“Queremos denunciar la presencia militar en el territorio, que en este año se ha incrementado de forma alarmante”, expresó, al señalar que el Ejército mexicano no solo copa las playas de los destinos turísticos de Quintana Roo, sino las zonas indígenas, lo mismo que en localidades como Candelaria, en Campeche.
“Queremos que esta caravana visibilice estos graves impactos en la vida de las comunidades. También los impactos sociales y culturales”, sostuvo.
Aclaró que aún cuando se intenta minimizar el rechazo a las inconformidades en torno al proyecto en la Península, las comunidades resisten e intentan defender el territorio.
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Añadió que otro problema al que se han enfrentado es la obstaculización del acceso efectivo a la justicia, empezando porque todos los amparos contra el Tren Maya se concentran en un solo juzgado y porque pese a las pruebas y evidencias de las ilegalidades y afectaciones a la selva y acuíferos subterráneos, se niegan las suspensiones definitivas, se levantan o se violentan
En el caso de la sede de la caravana en Valladolid, dijo que se enfocarán en visibilizar la afectación a la salud de las infancias por la operación de granjas porcícolas.
En Calakmul no sólo aumentó la presencia militar, sino que el Ejército construye un hotel, lo cual no se había visto antes en México.
La edificación de ese hotel en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum y el relleno de manglares en Felipe Carrillo Puerto, como parte de los trabajos del Tren Maya, subrayó, violentan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al no haber sido objeto de una consulta indígena, informada, previa y obtenido el conocimiento de los pueblos originarios.
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Por parte de las otras sedes de la caravana, Jael Blanco señaló que la recibirán en Oteapan, Veracruz, el 27 de abril. Coincidió en la gravedad de la presencia militar en el sureste, reprochó la falta de información hacia la población y las comunidades, acerca de los trabajos que se realizan ligados a los megaproyectos.
Y enfatizó que diariamente observan que las obras avanzan sobre la selva, que el agua escasea cada vez más –como en Minatilán, donde dijo, el tema es grave– que existe hostigamiento a las juventudes, y delitos como la desaparición de personas o el cobro de derecho de piso.
Poulette Hernández, del CDH Digna Ochoa, en la costa de Chiapas señaló que ahí se hablará de los proyectos extractivos y sus impactos, como ocurre con el aceite de palma, lo que se mezcla con otras realidades que aquejan a la entidad, paso de migrantes, como la militarización de la costa, el desplazamiento migratorio y otros.
Entre las agrupaciones organizadoras se encuentra, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), el CDH Digna Ochoa y el Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas; la asociación Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Martha, en el Sur de Veracruz; y las Comunidades en Defensa del Agua de la zona Isla y del Colectivo Cultural Corazón de Piedra Verde, Tabasco.
Además, el Consejo Regional Indígena de Xpujil (CRIPX), en Campeche; el Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’balo’on- Raxalaj Mayab’, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; y el Congreso Nacional Indígena (CNI).
afcl
