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Villahermosa.— La construcción de la refinería en el puerto de Dos Bocas es acechada por más de 80 sindicatos —integrados o en proceso de conformación— al presionar a las empresas que ya laboran en la zona para obtener alguno de los 20 mil empleos que se ofertarán.
De acuerdo con el titular de la Secretaría para el Desarrollo Energético, José Antonio de la Vega Asmitia, líderes sindicales crearon “seudosindicatos” para intentar sacar ventaja de este proyecto.
“Se formaron más de 70 u 80 sindicatos que no tienen reconocimiento legal, por eso les llamamos seudosindicatos. No tienen una toma de nota por la autoridad local o federal, y muchos se formaron de buena intención, quizá con la idea de presionar para meter a trabajar gente de las comunidades o de los municipios aledaños a Paraíso”.
Las facilidades para su creación han hecho que este tipo de organizaciones proliferen, pues de acuerdo con el artículo 364 de la Ley Federal del Trabajo, basta con que 20 trabajadores activos se coliguen en defensa de sus derechos y prestar un servicio personal subordinado.
Las nuevas asociaciones deberán solicitar su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando sea de competencia federal, y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje cuando sea de carácter local; así, muchas de ellas únicamente muestran un documento de que este requisito se encuentra en trámite.
El abogado laboralista Refugio Suárez considera que muchas de las organizaciones que se han creado desde que se anunció la construcción de la refinería, no cuentan con el aval de las autoridades y no buscan el bien común de los trabajadores, sino beneficios personales.
“La autoridad tiene que aplicar la ley y castigar a quienes usan a sindicatos para presionar y chantajear y no tienen el aval de la Junta Local. Son tantos, que es imposible saber cuántos trabajadores ya están sindicalizados”, aseveró.
La queja de los sindicatos. Algunos sindicatos argumentan que las empresas que trabajan desde hace cuatro meses en la primera etapa de este proyecto no están contratando mano de obra tabasqueña.
Una de estas voces es la de Juan Gabriel Hernández, secretario general de las Organizaciones Sindicales del Golfo, quien acusó que los trabajadores locales están siendo desplazados: “Del 100% que está ocupado ahí, 40% es tabasqueño, los demás vienen de Veracruz, de Tampico, Chiapas, de lugares vecinos”.
Sin embargo, el gobernador Adán Augusto López Hernández afirmó que esto es falso y que, por el contrario, la construcción de la refinería ha generado 4 mil 400 empleos, de los cuales 95% son tabasqueños.
El mandatario también ha dejado claro que a su administración le preocupa la proliferación de estos grupos, y en una reunión con empresarios del ramo reveló que existen cuatro demandas en contra de seudolíderes.
La multiplicación de sindicatos sin registro oficial, explicó, llevaron al gobierno estatal a plantear al Congreso local una reforma al Código Penal para sancionar hasta con 20 años de prisión a quienes extorsionen o bloqueen el trabajo de empresas públicas y privadas. Esta fue bautizada como Ley Garrote.
Según estimaciones de autoridades locales, desde que se anunciaron las obras se triplicaron sindicatos de plomeros, electricistas, soldadores, albañiles, de la construcción, volqueteros y de obreros.
Pero a decir de Édgar Azcuaga Cabrera, secretario general de la Federación de Trabajadores Obreros de Tabasco, desde la aprobación de la nueva ley se han ido replegando y no han intentado bloquear el proyecto que estará listo en tres años, con un costo de 8 mil millones de dólares.
