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Juchitán.— Comunidades zapotecas, chontales, mixes, ikoots y zoques alistan las solicitudes de amparo en contra del decreto que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 13 de junio, que creó el organismo denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, porque viola los derechos de los pueblos indígenas, señaló Betina Cruz Velásquez, integrante de la Asamblea por la Defensa de la Tierra.
Los amparos directos se van a presentar en próximos días en los juzgados Sexto y Séptimo del puerto de Salina Cruz, añadió Cruz Velásquez y explicó que en las comunidades del Istmo hay molestias, pues el decreto no consideró a los pueblos indígenas como sujetos de derechos.
El representante regional del Comité Nacional por la Defensa y Conservación de los Chimalapas, Miguel Ángel García Aguirre, informó que además de la campaña nacional El Istmo es Nuestro, presentarán amparos indirectos, a través de la figura llamada Acción Colectiva, en contra del decreto que creó el organismo llamado Corredor Interoceánico del Istmo, por daños ambientales.
“En el Istmo hay pobreza, violencia, desempleo, faltan hospitales y escuelas. Son carencias que el gobierno debe atender antes de pensar en un megaproyecto que significará despojo de tierras, daños al medio ambiente y ruptura del tejido social. El proyecto polarizará las relaciones entre los pobladores”, advirtió.
Como informó EL UNIVERSAL, el pasado 14 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que dio nacimiento al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Inicialmente, recordó García Aguirre, el Comité Nacional por la Defensa y Conservación de los Chimalapas presentó un amparo en el Juzgado 13 de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México en contra del Senado de la República, por violaciones al derecho de petición y audiencia. La Cámara Alta canceló, sin explicación, el foro que debería realizarse ahí, con el tema El Istmo de Tehuantepec: Geopolítica y Soberanía Nacional.
El consultor jurídico Raúl Rangel destacó que el decreto por el que se crea el Corredor Interoceánico del Istmo viola los derechos reconocidos a los pueblos indígenas por la ONU, debido a que, de origen, el contenido no se sometió a la consulta realizada los días 30 y 31 de marzo pasado, puesto que las consultas convocadas y desarrolladas en dichas fechas tenían, entre otras cosas, el objeto de analizar el programa de desarrollo del Istmo, propuesto por el gobierno federal.
En esa dirección, dijo Raúl Rangel, el gobierno federal “sigue tratando a los pueblos indígenas de México como objetos o entidades de interés público para preservarlos como un grupo folclórico y no como sujetos de derechos y ahí está la contradicción de la Cuarta Transormación; por lo tanto, con todos estos elementos, los pueblos indígenas pueden interponer la demanda de amparo de manera muy legítima”.
