Pachuca.-
Los indicios de una red de trata de personas que opera en el estado de Hidalgo, mantiene en alerta a las activistas debido a que son ya dos casos de desaparición que apuntan a este delito, además de presuntos delincuentes infiltrados en grupos de redes sociales para enganchar a mujeres.
La activista Vania Zamudio del Colectivo Aquelarre Cihuacóatl, señaló que ya se ha informado las autoridades de justicia en la entidad, sobre la presunta presencia de bandas dedicadas a la trata de personas, ya que entre los casos de desaparición como el de Lizet Lugo Hernández, cuya ficha la señala como sustraída el 7 de noviembre, presupone que fue captada por este tipo de delincuentes.
La joven fue vista por última vez el 7 de noviembre sobre la carretera San Miguel Regla- Los Prismas, en el momento en que se dirigía a su empleo y donde de acuerdo con algunos testigos obligada a subir a un vehículo.
Indicó que sus familiares han dado a conocer que Liz fue raptada por personas desconocidas, por lo que piden una investigación sobre esta línea. Otro de los casos es el de Sebastian Yáñez quien el 6 de noviembre cumplió un año de su desaparición.
En este hecho resaltó también su familia denunció que puede tratarse de el delito de trata de personas, por lo cual se ha pedido a la Procuraduría de justicia que se investigue al respecto, sin embargo hasta el momento aseguró no se ha tenido una respuesta satisfactoria.
Además de estos dos casos también se alertó sobre presuntos delincuentes infiltrados en los grupos de venta que se tienen a través de internet, donde ofrecen empleo a las jóvenes para engancharlas y utilizarlas para trabajos de prostitución.
Recientemente se denunció que en uno de estos grupos se ofrecía empleo a las jóvenes para modelos y se les pedía acudir a determinado lugar y con ropa “adecuada" , para la función que desempeñarían, esto dijo se informó a la procuraduría pero se desconoce si hubo alguna investigación.
Actualmente hay dos jóvenes desaparecidas bajo circunstancias que no han sido aclaradas, que es el caso del Lizeth Lugo, así como el de Araceli González Sampayo de 26 años de edad, quien también fue obligada a subir a una unidad en la localidad de La Bóveda en el municipio de Acaxochitlan.
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