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Casi agotadas las reservas territoriales en la zona metropolitana de Nuevo León para satisfacer la demanda de vivienda, los desarrolladores inmobiliarios recurren en la capital del estado y principalmente en San Pedro —uno de los de más lata plusvalía del país— a la construcción de edificios multifamiliares y torres de usos mixtos de más de cien metros de altura, junto a casas unifamiliares de una o dos plantas, sin importar que sus prácticas afecten patrimonios, pongan en riesgo o arrebaten la vida de los vecinos, como ya ocurrió el año pasado.
“Por desgracia, los especuladores inmobiliarios, que basan su operación en el desarrollo rentable, no en el desarrollo sustentable, sólo se van a frenar cuando salga afectado alguno de los más ricos habitantes de San Pedro”, advirtió el ambientalista Guillermo Martínez Berlanga, quien es dirigente del Comité Ecológico Pro Bienestar.
El pasado 22 de noviembre, aseguró Martínez Berlanga, la muerte de dos personas y lesiones a una más en la colonia Antigua de Monterrey —en sus límites con San Pedro— fue un nuevo llamado de alerta para evitar mayores desastres propiciados por los integrantes del “Cártel Inmobiliario”, que en complicidad con los presidentes municipales y autoridades estatales, designan a funcionarios que nada saben de desarrollo urbano, pero son muy corruptos para autorizar construcciones donde no se debe y como no se debe.
Plusvalía en riesgo. Con el ingreso per cápita más alto del país, un registro de 122 mil automóviles —similar al total de sus habitantes—, avenidas con grandes jardines y lujosas residencias donde viven los dueños y ejecutivos de algunas de las empresas más importantes del país (Alfa, Vitro, Cemex, entre otras), San Pedro va perdiendo la estampa de municipio modelo.
Según el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2030, San Pedro tiene una superficie de 7 mil 091 hectáreas, de las cuales 4 mil 330 están urbanizadas, 2 mil 530 no son viables y sólo 231 hectáreas se pueden desarrollar.
A partir de 1990, de acuerdo con datos del Inegi, descendió la tasa de crecimiento poblacional en dicho municipio. De 2000 a 2010, su número de habitantes se redujo de 125 mil 978 a 122 mil 659, aunque posteriormente repuntó a 127 mil 601 en 2015.
También aparecieron conflictos en años recientes por la construcción de edificios multifamiliares desde tres hasta más de 20 niveles en zonas predominantemente de viviendas unifamiliares, provocando el éxodo de quienes vieron perdida su tranquilidad y calidad de vida.
En la zona conocida como Valle Oriente se aprovecharon los escasos espacios disponibles que se cotizan hasta en 6 mil dólares por metro cuadrado para construir grandes edificios donde opera mayoritariamente el sector financiero y de negocios, sólo superado por el corredor de avenida Reforma y la zona de Santa Fe en la Ciudad de México.
En este sector se encuentran centros comerciales, hoteles de gran turismo, restaurantes de lujo y edificios multifamiliares de primer mundo, como la Torre KOI, que con sus 279.5 metros de altura, 67 pisos, y nueve niveles de estacionamiento, es el edificio más alto del país.
Primeras víctimas. El boom de los desarrolladores inmobiliarios los llevó a comprar predios en zonas residenciales para levantar grandes edificios de usos múltiples junto a casas de una o dos plantas, con el aval de las autoridades, a pesar de la oposición de vecinos.
Es el caso de la Torre Vía, un edificio que se pretendía levantar de 110 metros de altura en la colonia Antigua, que el 22 de noviembre en la fase de excavación para construir el estacionamiento subterráneo de 10 niveles provocó la caída de varias casas a una fosa de 30 metros por fallas en el muro de contención, y la muerte de una pareja de la tercera edad y lesiones a una trabajadora doméstica.
El proyecto había sido rechazado en enero de 2015 por la entonces secretaria de Desarrollo Urbano de Monterrey, Brenda Sánchez, porque Adrián Villarreal, responsable de la inmobiliaria Distrito 4 Desarrollos, carecía de la resolución sobre el manifiesto de impacto ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno estatal y no tenía el permiso para cambio de uso de suelo de la Semarnat.
En marzo de 2015 el desarrollador presentó una nueva solicitud y en septiembre del mismo año, un mes antes de que la panista Margarita Arellanes terminara su gestión como alcaldesa de la ciudad, la nueva titular de Desarrollo Urbano de Monterrey, Érika Moncayo, autorizó la licencia de construcción.
En septiembre de 2016 inició la obra y las cuarteaduras en las viviendas aledañas se hicieron visibles dos meses después. Aunque los afectados denunciaron el hecho no fueron atendidos con la contingencia requerida por las autoridades, y un año más tarde se presentó la tragedia: las casas cayeron a la fosa, dejando dos personas muertas y una más herida.
En alerta otras torres. Las prácticas irregulares de la inmobiliaria Distrito 4 Desarrollos y de la constructora Legosa, promotoras del proyecto Torre Vía —ya clausurado—, se han repetido en otras partes de San Pedro.
El abogado José María Urrutia denunció que su cliente, Patricio Forbes Marcos, sufrió pérdida total de su casa, en Río Colorado 477 de la colonia Del Valle y debe ser demolida porque presenta fallas estructurales, según peritaje de Juan Manuel Rodríguez Martínez, jefe del departamento de Geohidrología y Geofísica del Instituto de Ingeniería Civil de la UANL.
La casa está en riesgo de hundirse o desplomarse hacia un foso de 30 metros de profundidad que excavó Legosa para edificar junto al muro de su terreno la Torre Hélian, un edificio de 17 plantas y ocho niveles de estacionamiento subterráneo.
El municipio de San Pedro autorizó que la cimentación se hiciera con el sistema de micropilotes (hacia abajo), pero Legosa utilizó anclajes horizontales de más de 20 metros que socavaron los cimientos de la casa de Patricio Forbes, otras propiedades y hasta la vialidad municipal.
Los afectados denunciaron por escrito ante Protección Civil de San Pedro, y en agosto pasado llevaron ante la dependencia el peritaje realizado por el experto de la UANL, pero no han detenido los trabajos y ni siquiera han respondido el oficio que les entregaron, pese a que la Secretaría de Desarrollo Urbano del mismo municipio dictaminó el riesgo que representa la obra.
La misma inmobiliaria y constructora edifica otra torre en la calle Río la Plata de la colonia Del Valle, donde dañaron irreversiblemente un jardín de niños a tal grado que ya se ordenó su desalojo, “pero los empresarios parecen protegidos por la autoridad municipal, pues no sanciona ni detiene sus trabajos”, comentó el abogado Urrutia.
Mariela Cavazos, esposa de Forbes, incrédula por el grado de impunidad con la que actúan los desarrolladores inmobiliarios mostró las cuarteaduras y hundimientos que presenta la casa. A pesar del temor de sufrir en cualquier momento la misma suerte que los vecinos de la colonia Antigua, se resiste a dejar el hogar que habita con su familia desde hace 20 años, no sólo por apego sentimental, sino porque la empresa no se responsabiliza por los daños y rentar una vivienda similar implicaría desembolsar por lo menos 50 mil pesos mensuales.
