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La alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres , adelantó que interpondrá una cuarta denuncia ante la Fiscalía General que, esta vez, involucra a una decena de ex funcionarios públicos que probablemente incurrieron en delitos como uso indebido de la función pública, desvío de recursos y peculado, por más de 100 millones de pesos.
Entrevistada durante la Quinta Reunión Nacional de Modernización y Vinculación de los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros, efectuada hoy en Cancún , informó que se prepara la documentación con la mayor cantidad de pruebas para ser entregado a la Fiscalía General.
“Recordemos que de éstas se pueden generar otros delitos más y, en su caso, de ser reincidentes las mismas personas, hasta delincuencia organizada. Pero en este momento solamente es ejercicio indebido de la función pública”, expresó.
Esta sería la cuarta denuncia interpuesta por la administración de Cristina Torres Gómez, en contra de funcionarios del gobierno de su antecesor, Mauricio Góngora ; en algunas de ellas, el ex munícipe aparece como presunto responsable.
Con esta cuarta denuncia, suman 700 millones de pesos como monto del daño patrimonial al municipio.
La edil subrayó que, en el caso de esta última denuncia, se trata del desvío de recursos por más de 100 millones de pesos.
“Confiamos en la procuración de la justicia y en que cada proceso lleva su tiempo debido. Recordemos que hubo mucho tiempo para que las personas pudieran sustraer los recursos pero ya hay una prueba de que la justicia llega, ya hubo un detenido y yo siempre voy a confiar en la justicia”, dijo.
Apenas el sábado pasado fue detenido en Mérida, Yucatán, el ex director de Egresos del ayuntamiento de Solidaridad, Felipe de Jesús Castillo Mezeta , acusado por el gobierno de Cristina Torres, de la probable comisión del delito de peculado.
Castillo Mezeta está presuntamente involucrado en el desvío de las retenciones que se hicieron a empleados municipales para pagarle a una empresa llamada Prestaciones Finmart, con la que se contrajeron adeudos por la compra de aparatos electrodomésticos.
Los descuentos se hacían vía nómina, pero no se pagaron a la empresa, lo que supuso una deuda mayor a los cinco millones de pesos para la comuna.
