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Guadalajara.— Cerca de un millar de personas se manifestaron ayer, por tercer día consecutivo, en las calles de la capital de Jalisco para protestar por la muerte de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán, y en contra de las detenciones arbitrarias cometidas por elementos estatales durante las dos jornadas anteriores.
La marcha inició alrededor de las 15:00 horas en la glorieta de La Minerva y recorrió la avenida Vallarta hasta el primer cuadro de la ciudad. Durante el trayecto, los participantes realizaron algunas pintas y gritaron consignas.
Al arribar a Palacio de Gobierno, una valla humana de mujeres policías de diversas corporaciones resguardaba el recinto; los inconformes se detuvieron frente a ellas y guardaron un minuto de silencio por la muerte de Giovanni.
Algunos jóvenes entonaron la canción Gimme tha power, de Molotov, para manifestar su inconformidad con la forma en que se ha manejado este caso por parte de las autoridades estatales.
Aunque algunos de los presentes lanzaron botellas de agua contra el recinto, la mayoría de los participantes llamó a la calma para evitar alguna situación violenta.
Los otros inconformes
En tanto, los familiares de los dos policías ministeriales detenidos ayer por los arrestos arbitrarios cometidos el viernes contra manifestantes a las afueras de la fiscalía, señalaron que tanto el fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez, como el gobernador, Enrique Alfaro, mienten al asegurar que los elementos actuaron por su cuenta.
Patricia, esposa del policía investigador Raúl Gómez, aseguró que su marido no pudo actuar por cuenta propia, sino que tuvo que recibir órdenes precisas; además, aseguró que su pareja no es parte de la delincuencia organizada, como lo dejó ver el Ejecutivo estatal.
Los familiares de los policías se manifestaron ayer por la tarde a las afueras de la Fiscalía de Jalisco, en la Calle 14 de la Zona Industrial de Guadalajara.
Por su parte, el abogado de los elementos, Oscar Arturo Díaz, señaló que se trata de una cacería de brujas, puesto que se les pretende imputar por delitos de robo, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, basándose solamente en comentarios.
