Los pobladores de Aguililla, en Michoacán, ahora están a dos fuegos: el criminal, que mantiene el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el político-social, que encabeza la presidenta municipal, María de Jesús Montes Mendoza.
Desde su llegada al gobierno, Montes Mendoza, emanada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), rompió la relación con el resto del Cabildo, con las comunidades y las tenencias.
El Cabildo exige su renuncia, mientras que los pobladores y la Iglesia católica le recriminan su indiferencia y le piden responsabilidad en su trabajo.
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Esto ocurre mientras el CJNG vuelve a tomar el control del municipio, en la región de la Tierra Caliente michoacana.
Además, un nuevo escándalo surgió en torno a la alcaldesa después de que el pasado 15 de septiembre fueron sustraídos 2.8 millones de pesos de cuentas del ayuntamiento.
El CJNG sigue en Aguililla
A pesar de que continúa la presencia de las fuerzas federales y siguen los operativos, las autoridades no han logrado desarticular al grupo criminal. Áreas de investigación confirmaron a este diario que el CJNG mantiene poder económico, político y social en el municipio.
Esa organización criminal era liderada en Aguililla por Ricardo Carrillo Mendoza, El Alacrán, y Armando Gómez Núñez, Delta 1, comandante de las fuerzas de élite. El Alacrán es señalado como el presunto homicida del alcalde electo de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, asesinado el pasado 10 de marzo.
Ahora, las autoridades saben que las tropas de esa organización criminal están bajo el mando de dos individuos identificados como El Covi y El Fresa. En la estructura criminal, debajo de ellos están José María L., El Rabias; Uriel V., El Goma, y otra persona apodada La Chapis.
Las fuentes consultadas revelaron que el CJNG tiene en Aguililla una red de personas que lavan dinero y otra de prestanombres para retirar envíos. Son dirigidas por una mujer llamada Kassandra V., La Colombiana, y algunos de sus familiares, de la localidad de El Limón.
Además, las autoridades tienen identificados a dos hombres apodados El Lobillo y El Tony, quienes manejan los narcolaboratorios donde se procesa droga sintética. Algunos operadores, incluso, portan credenciales expedidas por el ayuntamiento.
Sin embargo, la alcaldesa asegura que en Aguililla ya no hay presencia del crimen organizado y la población ya se siente más tranquila.
“Ojalá nos apoyen más el estado y la Federación para que prevalezca esa armonía que ahorita se está viviendo”, afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL. Incluso, dijo garantizar que en este momento ya no hay criminales que operen en Aguililla: “No. No hay. Se siente seguro. Se siente el ambiente seguro y la gente sabe”, reiteró.
La queja de los pobladores
En El Aguaje, la tenencia más golpeada por la guerra entre grupos del crimen organizado, se dicen acorralados por el “autoritarismo” de la alcaldesa Montes Mendoza. Los pobladores piden que la autoridad municipal les cumpla con apoyo para reparar las viviendas dañadas por las balas y explosivos, así como un puente por el que atraviesan más de 100 familias para ir a trabajar al campo.
Denuncian que en lugar de tener respuesta, la edil acusó a los pobladores de ser sicarios y no ha querido recibirlos.
El jefe de tenencia, Genaro Sandoval, explicó que hace unos días convocó a los pobladores para ir a hablar con la alcaldesa a la Presidencia Municipal.
Expuso que todos los apoyos que había para El Aguaje se pararon desde la llegada de Montes Mendoza y que se cerró hasta el Colegio de Bachilleres.
Por tal motivo querían trasladarse a la cabecera municipal y hablar personalmente con la edil, pero, cuando ya estaban reunidos, los pobladores fueron encapsulados por la Guardia Nacional, relató Sandoval.
“Eso lo tomo como un gesto de agresividad. Nos sentimos secuestrados, acorralados y abandonados, porque esa es la petición: que se acerque [la alcaldesa] a hablarnos, aunque sea un momento; que conozca las necesidades del pueblo, pero no ha sucedido”, expuso.
Explicó que en cuanto la alcaldesa se enteró de que los pobladores iban a su oficina, personal del ayuntamiento los alertó de que iban a ser reprimidos con la fuerza pública.
Genaro Sandoval precisó que, tras lo ocurrido, tuvo comunicación con Montes Mendoza, pero sólo vía WhatsApp, porque no le respondió las llamadas.
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Reveló los mensajes de la edil, en los cuales le pide que le mande las peticiones por teléfono, lo cual, para Sandoval, es una falta de profesionalismo.
El párroco de Aguililla, Gilberto Vergara García, recriminó la manera en que la alcaldesa mandó blindar el ayuntamiento con un dispositivo de la GN.
“Cuando el gobierno le teme a su propio pueblo… algo debe andar mal”, dijo el sacerdote, quien señaló el abandono de Montes Mendoza a los habitantes.
El caso de El Aguaje no es el único; son varias las tenencias y localidades que dicen estar abandonadas por la alcaldesa, quien asumió el cargo el 8 de abril. Sobre lo ocurrido con El Aguaje, María de Jesús Montes Mendoza aseveró que los habitantes y el jefe de tenencia “fueron mal informados”.
“Desconozco el porqué la Guardia Nacional no le permitió la entrada al jefe de tenencia. Yo hace un rato hablé con él y me dijo que me iba a hacer llegar por medio del WhatsApp la solicitud. Le pedí que me mandara una foto”, expuso.
Dijo que la aversión de los pobladores y el resto del Cabildo hacia ella es por un tema político, una situación que —aseguró— no es reciente.
El nuevo escándalo
El pasado 15 de septiembre, alguien con acceso a las llaves electrónicas bancarias del municipio realizó cinco transferencias de las cuentas del ayuntamiento a particulares.
El monto total fue de 2 millones 860 mil pesos.
De acuerdo con el extesorero y la alcaldesa, se trató de un hackeo que ya es investigado por la fiscalía estatal.
Ese robo desató un conflicto mayor entre Montes Mendoza y el resto del Cabildo. Por este tema fue despedido el tesorero, Miguel Ángel Bejines Prado.
La presidenta municipal aseveró que fue enterada de lo ocurrido el 16 de septiembre; sin embargo, una conversación por mensajes revela que fue avisada la noche del 15.
Montes Mendoza aseguró que se comunicó de inmediato con el fiscal del estado, Adrián López Solís, y enseguida presentó la denuncia vía telefónica.
Explicó que le pidió al tesorero municipal que llevara el número de las cuentas destino y otras pruebas a la FGE y él se presentó cuatro días después.
Narra que el 26 de septiembre estuvo en la fiscalía para ampliar la denuncia y conocer los avances de las investigaciones.
De acuerdo con su versión, le informaron que las cuentas seguían congeladas y que no las pueden activar, porque el tesorero sigue con las llaves electrónicas en su poder.
Aseguró que despidió al tesorero —designado por el anterior alcalde— porque no era de su confianza y presentó una denuncia penal en su contra por abuso de confianza y malversación de recursos públicos.
Sin embargo, la síndico Elsa Guadalupe Contreras Sánchez y los siete regidores, a nombre del resto del Cabildo, rechazan la versión de la edil y la acusan de falsedad de declaraciones.
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