Pachuca.— A seis años de recibir un ataque con ácido, a Leslie Moreno Muñoz le llegaron primero las cicatrices que la justicia. Pese a la gravedad del atentado en su contra, no ha logrado que los culpables paguen el daño que le hicieron: la corrupción ha permitido que sigan libres, mientras ella permanece encerrada en su casa, pero con la convicción de que “no puedo seguir viviendo con miedo y limitada”.
Fue en 2015 cuando Leslie, dentista de profesión, mantenía una relación amorosa. Su agresora intelectual fue una compañera de trabajo, quien entonces planeó una “venganza” en su contra, luego de ser rechazada por la pareja sentimental de Leslie, en quien se había interesado.
La historia de la agresión comenzó una noche de hace seis años, cuando al salir del trabajo un hombre intentó acercarse a ella mientras estaba a bordo de su automóvil; el instinto la hizo reaccionar e impedir que fuera atacada, en lo que pensó era un intento de asalto.
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Pero dos días después el mismo sujeto la encontró de frente y le arrojó ácido a la cara, tras darle un mensaje que reveló que quien le había pagado al hombre para lastimarla era su propia compañera de trabajo, a la que incluso consideraba su amiga.
Según narra, pese a la claridad de los hechos, la corrupción le impidió desde el primer momento lograr justicia, pues el entonces agente investigador y la ministerio público que revisaron su denuncia fueron sobornados, pues sus heridas fueron catalogadas como leves. Eso no es todo, el órgano procurador de justicia del sexenio pasado se olvidó de que en los hechos se trató de un ataque con ácido y determinó que las lesiones tardaban “menos de 15 días en sanar”.
Hoy, con lesiones en cara y parte del cuello, aún visibles, Les- lie se dice incapaz de salir a la calle sin miedo, sin cuidarse de todos y sin voltear mientras el corazón le palpita. La herida emocional sigue abierta.
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La justicia que no llega
A Leslie ni el dolor ni el paso de los años la han hecho desistir en su búsqueda de justicia.
Hace seis años, detalla, la agente del ministerio público apresuró a archivar su carpeta, no solicitó la acción penal y clasificó sus lesiones como leves. En ese entonces parecía que el caso quedaría cerrado.
Según su testimonio, los primeros siete meses después del ataque Leslie se abocó a sanar las heridas físicas y sicológicas, hasta que los médicos le anunciaron que no había nada más que hacer. Al hacer un recuento, nombra injertos, parches y medicinas que la ayudaron a reponerse físicamente.
Hoy, un poco más repuesta, dice que se niega a abandonar su lucha y que sus agresores intelectuales y materiales queden impunes. A través de abogados, la carpeta de investigación se reabrió y se mantiene en investigación.
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Según dice se buscan subsanar los errores y reclasificar el delito a intento de homicidio y lesiones que tardan más de 15 días en sanar, además de que se considere un delito de género.
“Pienso que quien debe defenderse y buscar justicia soy yo, sino lo hago, nadie más lo hará por mí. Esta persona [su agresora] en 2018 me amenazó”, relata.
Tras estas amenazas, explica que de manera inmediata denunció y actualmente se encuentra con medidas de protección.
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“La persona que planeó la agresión en mi contra es una dentista especialista, una delincuente y un riesgo para la sociedadque debe estar tras las rejas. Si sigue libre es por todo lo que la ayudaron”, lamenta.
La joven espera castigo no sólo para sus agresores, también para todos los exfuncionarios que fueron cómplices de este hecho y contra quienes anunció una denuncia en los órganos correspondientes.
“Que la justicia nunca más se ponga del lado de los agresores, que mi caso sea una muestra de lo que pasa si los funcionarios se corrompen”, exige.