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La Paz.—El presidente de la Comisión de la Salud, la Familia y la Asistencia Pública en el Congreso de Baja California Sur, Humberto Arce Cordero (Morena), informó que no se contempla entrar a la discusión sobre la despenalización del aborto en la entidad durante el presente año legislativo, pues “hay otras prioridades”.
El legislador, aunque dijo reconocer que el aborto es un tema de salud pública, insistió en que por lo pronto no está en la agenda de la comisión que encabeza.
Un mal precedente. En 2016, autoridades en Baja California Sur fueron exhibidas por la violación de derechos en materia de atención a la violencia sexual, al atender un caso de una jornalera que fue víctima de violación y rapto.
Cuando la joven, de 18 años, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, no le proporcionaron antirretrovirales ni información sobre la interrupción del embarazo al que tenía derecho y se intentó persuadirla, a través de intimidación de parte de policías ministeriales hacia los padres de la joven.
El propio Instituto Estatal de las Mujeres y personal del Hospital General Juan María de Salvatierra le brindaron información sesgada y pretendieron atemorizarla.
Estos hechos quedaron consignados en el punto de acuerdo de un dictamen aprobado por el Congreso de la Unión, en el cual exhortaron a la procuraduría local, a la Secretaría de Salud y al Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres a sancionar a funcionarios que incumplieron con la NOM-046 sobre el derecho a la interrupción del embarazo de víctimas de violación.
El Código Penal de la entidad considera el aborto como delito y excluye de responsabilidades en cuatro causales: violación o inseminación no consentida, cuando se corre peligro de muerte, que el embarazo implique alteraciones genéticas y cuando el aborto sea imprudencial.
De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en la plataforma del Sistema de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), de 2007 a diciembre de 2018, se tiene un registro de 31 pacientes de BCS.
El secretario de Salud en el estado, Víctor George Flores, señaló que no se tiene un dato preciso sobre el número de mujeres en la entidad que se practican un aborto clandestino; sin embargo, refirió que podría llegar a los 15 por año, cifra estimada por las condiciones en que llegan a las clínicas y hospitales.