Hermosillo.- Madres y padres de las víctimas del incendio ocurrido hace 14 años en la Guardería ABC presentaron ante el Senado de la República una denuncia y solicitud de juicio político contra el director del IMSS, Zoé Alejandro Robledo Aburto, por negarse a reconocer a 35 de los sobrevivientes como víctimas con lesiones, secuelas y daños permanentes de su salud.
Al negarles el reconocimiento, a pesar de un Decreto Presidencial, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impide que los adolescentes puedan acceder a atención médica, psicológica y de rehabilitación, refirió el representante legal de la agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños, Gabriel Alvarado Serrano.
El 5 de junio de 2009, se suscitó un incendio en una bodega al servicio de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, contigua a la estancia infantil conocida como Guardería ABC, ubicada en la esquina de las calles Mecánicos y Ferrocarrileros de la Colonia Y Griega de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.
Como consecuencia de la propagación del fuego hacia la mencionada estancia infantil se produjo el fallecimiento de 49 niños y niñas, 24 niños y niñas resultaron gravemente lesionados por quemaduras de primero, segundo y tercer grado, así como 81 niños y niñas más resultaron lesionados y afectados principalmente en su sistema pulmonar por la exposición e inhalación del humo toxico generado por dicho incendio.
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Entre este grupo de niños y niñas afectados se encuentran los menores, hijos e hijas de los padres y madres que el pasado viernes 18 de agosto, interpusieron ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados y del Senado de la República una denuncia y solicitud de juicio político contra Robledo Aburto, pero además piden que se sea separado de su cargo de Director General del Instituto Mexicano del Seguro y además sea inhabilitado para desempeñar cualquier otro cargo público, ya sea de designación directa y por la vía de elección popular.
El abogado señaló al funcionario de cometer actos que constituyen violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y derechos humanos en perjuicio de las suscritas madres y padres de niños fallecidos y lesionados, en perjuicio de los niños y niñas sobrevivientes de ese siniestro y en perjuicio de todo el núcleo familiar de cada una de las víctimas de la tragedia de la Guardería ABC.
Los afectados fundaron su denuncia y solicitud de juicio político en consideraciones fácticas y jurídicas sobre los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009.
En virtud de que la citada estancia infantil operaba bajo el esquema de subrogación para el IMSS, esta entidad emitió a través de su consejo técnico una serie de acuerdos para instrumentar diversas acciones de apoyo a toda la comunidad de afectados que generó dicha tragedia así como también con fecha 20 de Julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, S.C en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Cabe señalar que en el Artículo Segundo del Decreto de mérito se establece que en caso de que algún menor que haya inhalado humo o tóxicos producidos por el incendio, en cualquier etapa de su desarrollo presente una secuela permanente por este motivo, previo dictamen médico se considerará como menor lesionado para los efectos del Decreto y se aplicarán a su favor las ayudas extraordinarias previstas en las fracciones I, III y V del Artículo Primero.
En los primeros días del mes de julio del 2019, se tuvo acceso a una copia del dictamen médico emitido para cada uno de los menores, con fechas que van del mes de octubre al mes de diciembre del año 2009. Dichos dictámenes elaborados por parte del Área de Salud en el Trabajo de la Coordinación de Prestaciones Médicas de la Delegación Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Con la copia del dictamen, con fecha 8 de julio de 2019, presentaron ante el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, un escrito en el cual se solicitó el reconocimiento de los menores lesionados derivado del incendio de la Guardería ABC, al amparo del citado Artículo Segundo del mencionado Decreto Presidencial.
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Ello, con la atenta solicitud de ser considerado para los efectos conducentes y con los efectos retroactivos correspondientes ya que el documento que contiene el dictamen médico antes referido, fue ocultado por más de diez años por el IMSS, lo cual generó, desde luego una clara revictimización para los menores por no haber accedido a los apoyos a que tenía derecho desde la publicación del Decreto, es decir, desde el 20 de Julio de 2010.
No obstante lo anterior el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, en lugar de hacer lo correcto y sobre todo lo justo y reconocer la condición de menores lesionados, tal y como al efecto lo consigna el dictamen médico de referencia, con fecha 04 de octubre de 2019, emite una Resolución Administrativa argumentando que los menores no cuentan con un dictamen médico que determine las patologías que se establecieron en un criterio jurídico emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el mes de mayo del año 2016.
Todo ello, a pesar del propio dictamen médico que el área de Salud en el Trabajo había emitido desde los meses de octubre a noviembre del año 2009 en los que se dictaminó para todos ellos un 10% de incapacidad-órgano- funcional de los menores, en términos de la fracción 368 de la tabla de valuación del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo.
A raíz de esta tragedia, la mayor tragedia infantil que ha ocurrido en México, entre otras autoridades, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigó los hechos, determinando que se habían violado gravemente los derechos humanos de los niños y las niñas que estaban en la Guardería ABC.
Particularmente el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física y el derecho a la seguridad, emitiendo la Recomendación No. 49/2009 en contra de la autoridad federal del Instituto Mexicano del Seguro Social como responsable de la violación de los mencionados derechos humanos.
Igualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también ejerció en su momento la Facultad de Investigación número 1/2009, determinando mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de Noviembre del año 2010, que el Gobierno Federal Mexicano por conducto del Instituto Mexicano del Seguro Social, había incurrido en violaciones graves a las Garantías y Derechos Humanos de los niños y las niñas que estaban dentro de la estancia infantil Guardería ABC cuando se suscitó el incendio el día 5 de Junio del año 2009.
También con posterioridad a la tragedia, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió en el mes de Agosto del año 2009, una serie de acuerdos para reglamentar todas las acciones de apoyo y beneficios instituidos para todos los niños y las niñas que resultaron afectados en ese incendio, así como también para los padres y madres de niños fallecidos y lesionados y demás familiares afectados.
El 20 de Julio del año 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial por virtud del cual el entonces presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se otorgaron ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de Junio de 2009 en la Guardería ABC, Sociedad, Civil en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Dicho Decreto Presidencial fue reformado por el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de marzo del año 2020.
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En este contexto y no obstante la solicitud reiterada a Zoé Robledo Aburto para que en su carácter de Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, dejara de victimizar y revictimizar a los menores y reconociera la validez del dictamen médico emitido a su favor por el área de Salud en el Trabajo y consecuentemente a proveer lo necesario para que todos estos niños y ahora jóvenes adolescentes, recibieran lo que por derecho les correspondía.
Esto, por así haber quedado establecido en los Decretos Presidenciales, los niños y niñas sobrevivientes del incendio, acreditaban plenamente las hipótesis para haberlos reconocido como menores lesionados, desde la época de emisión de los dictámenes médicos de referencia como menores lesionados.
Los padres de los menores afectados reclaman que los privaron de la atención médica y los privaron de todos los apoyos y ayudas establecidas.
La denuncia y la solicitud de juicio político contra el director del IMSS, Zoé Robledo, fue entregada también en la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, con el propósito de que el mandatario Andrés Manuel López Obrador, tenga conocimiento.
afcl